Ciego, sordo y mudo

El crimen del joven Iván Fara Castillo, ocurrido hace casi un año, pone de manifiesto la desprotección en la que el Estado deja a la familia de la víctima. Los delincuentes los amenazan por denunciar los hechos, y nadie hace nada. Una muestra más de la verdadera exclusión, que vive en el barrio La Herradura.
Imágenes del desamparo. Un testimonio recorre páginas y escritorios judiciales desde hace un año: el de Elsa Beatriz Castillo. Su hijo Iván Fara Castillo tenía 17 años cuando fue asesinado. Regresaba del gimnasio, en las cercanías de su casa, y un pibe de la zona lo mató con un cuchillo de carnicero de treinta centímetros de hoja, con el que le perforó el pulmón y el corazón.

Los hechos acontecieron el 23 de abril de 2009. Cuando Iván, que hacía fisicoculturismo, vio venir a su agresor -Elías Vera, de 15 años- se dio cuenta de que traía dos grandes piedras en las manos. Recogió un palo del piso, y trató de defenderse. "Vos sos muy chico para pelear conmigo", gritó, porque no quería enfrentarlo.

No estaban solos. En las inmediaciones de las calles Bolívar y 252 había un grupito de chicos que seguían con atención las amenazas y los gritos, y luego prestaron declaración asistidos por sus padres.

Todos coincidieron en decir que habían visto la escena, y que en un momento los dos muchachos se habían trenzado en actitud de lucha. Que cuando Vera lo tuvo a Iván inmovilizado, le asestó dos puñaladas con un arma blanca de gran porte. La herida importante fue a su pecho, por debajo de la axila.

Las hermanas del agresor estaban presentes, y en ese momento una de ellas le gritó: "¡qué hiciste!", pero inmediatamente le entregó su bicicleta para que se fugara. Vera tuvo tiempo para envainar la cuchilla, que arrojaría luego en las cercanías, y escapar sin mirar atrás.

Fara Castillo intentó levantarse, caminó unos metros tratando de llegar a su casa, pero se desplomó inconsciente.

El clamor

Los vecinos se agolparon y reclamaron por la llegada de una ambulancia que jamás se presentó. Finalmente apareció la policía, y luego los padres de Iván, que fueron alertados por los testigos. Juntos cargaron al chico en el patrullero y corrieron al Hospital Interzonal.

Una primera evaluación médica decía que se recuperaría de las heridas, aunque más tarde la situación se complicó, e Iván murió en la mesa de operaciones al atardecer de ese mismo día. De esa manera, la causa primitivamente caratulada como lesiones graves cambiaba a homicidio, y quedaba en manos del fuero juvenil debido a la edad del agresor.

La primera noticia fue la inimputabilidad del menor, que no había cumplido aún los 16 años. La situación enojó gravemente a los vecinos y allegados, que se manifestaron inmediatamente frente a la Comisaría 12 para exigir una respuesta por parte de la policía y la justicia. Todos decían tener miedo de las barras de delincuentes que los intimidaban, razón por la que no se atrevían a declarar ante un crimen como éste. Tenían miedo de las represalias que sufrirían.

Al final, si bien la edad lo liberaba del régimen carcelario común, el autor de la muerte fue alojado en el Instituto Juvenil de Recepción de Batán, por orden de María Fernanda di Clemente, jueza de Garantías del Tribunal Nº 2.

Todos coincidían en decir que Iván era un pibe de trabajo. Hacía dos turnos en el puerto para duplicar su jornal, y luego concurría a la Escuela Media Nº 6, donde cursaba su último año de estudios. No tenía materias previas, y los informes del gabinete de orientación educacional eran más que positivos: un chico con proyectos, ocupado en su mejoramiento físico y sus metas deportivas. Necesitaba trabajar más para poder procurarse una alimentación de excelencia nutricional, y la atención física necesaria para rendir más. Los comentarios dicen que los otros le tenían encono, porque nunca se había dejado robar.

Desde allí las versiones se opacan, porque son pocos los que tienen la valentía de enfrentarse con esta banda de jóvenes, que incluye menores y mayores que se defienden entre ellos, y que, según algunos testimonios, estaría vinculada con la venta de paco.

Si bien Vera está resguardado para su propia seguridad -porque los vecinos querían hacer justicia por mano propia- como también para proteger los derechos del resto de la sociedad, allí no termina la cosa.

Sin paz

La señora Castillo ya había denunciado amenazas desde antes de la muerte de su hijo, ante la Comisaría 12. Pero las actuaciones habían sido archivadas, ya que ella oportunamente no había podido entregar la identidad precisa de los sospechosos. Ya los agresores le habían dicho que no molestara, porque tenía dos hijos que podían sufrir las consecuencias. A nadie le importó, y allí conoció el principio del desamparo.

Luego, la muerte del hijo la hizo avanzar en un camino de agresiones precisas que ella no esperaba. Aún velaba los restos de Iván, cuando en las inmediaciones de la casa velatoria de Gascón y 180, un joven de buzo oscuro con capucha le dijo: "te vamos a quemar la casa, vieja hija de puta". Poco después, una mujer a quien ella identificó como Lorena Vera –la hermana del autor de la muerte de su hijo- la interceptó con su bicicleta y le dijo: "te vamos a abrir la panza como hicimos con tu hijo". Ella lo denunció, pero otra vez, nadie hizo nada.

Hasta que ingresó un asaltante a su casa en las primeras horas de la mañana, a través de un portón que da al patio, y ella lo enfrentó con dos cuchillos de cocina. Tras el forcejeo logró herirlo en el estómago, y el hombre abandonó su motocicleta frente a la casa. Ni la policía que recibió la denuncia ni la fiscalía de Marcos Pagella, que debía intervenir, hicieron nada. Se ocuparon de resguardar solamente los derechos del criminal. La segunda entrada fue más certera: Elsa Castillo terminó tirada en su patio y agredida a patadas por un joven embozado a quien no identificó.

Lo cabos no son demasiado difíciles de atar. Una testigo de identidad reservada dijo haber visto que en realidad una de las hermanas de Vera sostenía a Iván mientras él lo apuñalaba. Aseguró también que Elías se juntaba con un grupo que consumía drogas en la esquina; los otros integrantes eran un menor de 11, Albornoz, y un tal "Jeji" Motura.

Recién en agosto Elsa Castillo los encuentra a todos juntos. Es cuando la banda completa está atacando con palos y piedras a una cuadrilla de EDEA que pretende hacer arreglos en la zona. Los identifica diciendo que son los hermanos Alderete, de avenida Colón entre 252 y 254; los hermanos Albornoz, de Moreno y 256; los hermanos Motura, de Bolívar entre 256 y 258, y Alejandro Salinas, de 256 entre Moreno y Belgrano. Y los entrega en bandeja.

Poco tiempo después, la misma denunciante se presentó ante la Comisaría Distrital Norte, y afirmó que todas sus denuncias caían en saco roto porque el personal de la Comisaría 12 -que es quien las recibe- estaba "arreglado" con los delincuentes.

Aseguró haber visto en la zona movimientos sospechosos compatibles con el pago de coimas, en los cuales pudo identificar al policía Alejandro Sosa a bordo de un Chevrolet Corsa rojo, a un tal García (también policía de la 12), y al capitán por entonces a cargo de la comisaría, a quien nombra Facio. Dijo que los anteriores le entregaban a Facio el dinero recaudado, y que él lo guardaba en una agenda marrón.

Ella sigue hablando, porque quien ha enterrado un hijo siente que tiene poco más que perder. Pero al parecer, ni la Distrital ha movido un dedo para que Asuntos Internos de la policía investigue sus dichos dentro de la seccional 12, ni el fiscal Marcos Pagella ha hecho nada para verificar si realmente las personas por ella identificadas son las que llevan adelante una banda que siembra crímenes en el barrio La Herradura.

Es el más profundo de los desamparos. El que un Estado ausente da a la familia de la víctima, que recorre pasillos diciendo que le han matado un hijo, que amenazan con matar a la madre, sin que nadie parezca acusar recibo de lo que oye. El más profundo de los desamparos, en manos de un Poder Judicial que se ha pasado de ciego, de sordo y de mudo.

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