COCHABAMBA.- Ante los reclamos en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para reformarla, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó una fuerte advertencia y dijo que se atraviesa en la región un momento crucial en cuanto a la defensa y protección de los derechos humanos de sus habitantes.

"Lo que está en juego, que nadie tenga duda, es el patrimonio de los Estados, la sociedad civil y los propios órganos interamericanos que hemos construido para que las actuales y futuras generaciones de todo el hemisferio puedan gozar de sus derechos humanos", dijo su presidente, José de Jesús Orozco.

"La autonomía y la independencia de la Comisión son la fuente de su credibilidad y requisito imprescindible de su eficacia", añadió.

Anteayer, tras horas de intenso debate sin consenso sobre la reforma de la CIDH, cuyo trabajo crítico molesta a varios gobiernos de izquierda de la región, la OEA decidió posponer las decisiones al respecto hasta dentro de nueve meses, para discutirla con todas las partes involucradas.

"En el plazo de seis meses, o a más tardar en el primer trimestre de 2013, esas propuestas se pondrán a consideración de una asamblea general extraordinaria", explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca.

Intereses

Durante el desarrollo y la clausura de la 42» Asamblea de la OEA, Bolivia, Venezuela y sus socios en el ALBA pidieron que a la CIDH, un organismo que, a su juicio, defiende intereses políticos y económicos de Estados Unidos, le sean recortados sus poderes.

Brasil, México y la Argentina también se pronunciaron por "modernizar" los órganos de defensa de los derechos humanos del sistema interamericano, aunque otros países, como Costa Rica, dijeron que cualquier cambio deberá garantizar la autonomía, la independencia y el carácter supranacional de la CIDH.

La resolución aprobada anteayer encomienda al Consejo Permanente a formular un plan de aplicación de las reformas propuestas por un grupo de trabajo y buscar un consenso con todas las partes, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil que manifestaron su temor a que esas enmiendas debiliten el sistema interamericano de derechos humanos.

En este contexto, Orozco indicó que "el sistema regional de derechos humanos de hoy es el resultado de más de 50 años de construcción, evolución y perfeccionamiento", y agregó que "durante su historia la Comisión ha respondido periódicamente con cambios y ajustes a su reglamento" y que lo seguirá haciendo "en consulta con las y los usuarios del sistema: los Estados, las y los representantes de la sociedad civil y las víctimas de violaciones de los derechos humanos".

Varias ONG acusaron a Venezuela y Ecuador de querer impulsar los cambios porque la CIDH emitió informes contrarios a sus presidentes: Hugo Chávez y Rafael Correa, respectivamente.

Incluso Estados Unidos, que fue acusado por los países del ALBA de influir en esos órganos para perjudicarlos, respaldó la iniciativa de abrir un debate sobre las futuras modificaciones.

Ecuador había criticado con vehemencia a la CIDH, que funciona en forma autónoma de la OEA y cuya misión es promover y proteger los derechos humanos, luego de que el órgano pidiera a Correa que cesara un proceso judicial contra periodistas que lo caracterizaron como un gobernante autoritario.