La Justicia podría dar en los próximos días otro paso hacia atrás, volviendo a garantizar la impunidad de altos funcionarios del Gobierno implicados en escándalos de corrupción. Tras un año en el que circularon numerosas pruebas que vinculan a Amado Boudou con la imprenta ex Ciccone Calcográfica, en el marco de su polémica salida de la quiebra y sus negocios turbios con el Estado, toda la investigación judicial podría quedar en la nada.

Esto es porque la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, está preparando un polémico fallo que podría enterrar el caso. Este tribunal debe resolver si acepta la apelación de Alejandro Vandenbroele (cara visible de la gráfica), quien pidió que se declarara nulo el testimonio de su exesposa, Laura Muñoz, y el allanamiento de la casa de su mujer en Mendoza.

Esta Cámara ya ha realizado fallos favorables al Gobierno en otros presuntos casos de corrupción, por lo que se sospecha que podría dictar una resolución que garantice la impunidad del vicepresidente.

El derrotero de las remociones

Ayer trascendió que el fiscal Jorge Di Lello decidió apartar de la causa al titular de la Unidad Fiscal contra el Lavado (Ufilavdin), Raúl Pleé. Y lo hizo asegurando que ya había “acabado cumplimiento al pedido de colaboración” con el caso, lo cual es absolutamente falso.

Pleé tenía que indagar todavía en la comisión de $ 7,6 millones que el gobierno de Formosa le pagó a Vandenbroele por su supuesto asesoramiento en el canje de la deuda que la provincia negoció con Boudou, en ese entonces ministro de Economía. Además, tampoco había determinado aún el origen de los fondos con los que el exbanquero Raúl Moneta canceló las deudas de The Old Fund (controlante de la ex Ciccone, representada por Vandenbroele).

Es decir, el mismo fiscal que desde que asumió en el caso estancó la investigación ahora apartó al jefe de la Ufilavdin antes de que termine de investigar a fondo. Cabe recordar que Di Lello llegó ahí después de que Boudou lograra remover al primer fiscal del expediente, Carlos Rívolo.

Pero el derrotero de remociones no terminó ahí: después también logró que apartaran del caso al juez Daniel Rafecas, a pedido de José María Núñez Carmona (amigo y socio de Boudou); y luego el procurador general de la Nación, Esteban Righi, terminó renunciando tras la escandalosa denuncia infundada que le realizó el vicepresidente.

En resumen, Boudou logró apartar a un fiscal, un juez, al procurador general y al titular de la Ufilavdin. Ahora la causa va camino a quedar en la nada, a pesar de la inmensa cantidad de pruebas que lo vinculan directamente con la empresa.

Al mismo tiempo, a pesar de que no se sabe quiénes son los accionistas de la ex Ciccone, el Gobierno nacional decretó la intervención a principios de agosto y la prorrogó la semana pasada (ver aparte). Al mando de la intervención quedaron dos alfiles de Boudou, lo que cierra el círculo para borrar cualquier huella que lo incrimine.

Un tribunal con historia

La Sala I de la Cámara Federal, que podría dejar en la nada la investigación judicial sobre la ex Ciccone, es la misma que sobreseyó por “inexistencia de delito” en la causa Skanska al secretario de Energía Daniel Cameron y al exinterventor del Enargas Fulvio Madaro, que estaban procesados por cohecho y fraude. Además, seis meses antes había ratificado la nulidad de los mails extraídos de las computadoras del presunto testaferro del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.

La empresa sigue intervenida, pero no tiene dueños

A través de un decreto, la presidenta Cristina Kirchner prorrogó la semana pasada la intervención a la ex Ciccone, que fue declarada por ley “sujeta a expropiación”, a pesar de que la Justicia todavía no determinó quiénes son sus dueños.

Es decir, sólo se conoce a Alejandro Vandenbroele, la cara visible del fondo de inversión The Old Fund que controla la compañía, quien no puede justificar de dónde sacó el dinero para levantar la quiebra de la misma. Nada se sabe de los accionistas de la empresa y a cuatro meses de la intervención tampoco se sabe cuánto le costará al Estado quedarse con la imprenta.

Por otra parte, el juicio de expropiación aún no se inició, y tampoco se resolvió qué pasará con la deuda por más de $ 247 millones en impuestos e intereses atrasados que tiene la compañía, a los que suman otro rojo millonario por los aportes previsionales impagos.

Si hay algo que muestra la oscuridad que rodea a la empresa, es el hecho de que, a pesar de estar intervenida y de estar “sujeta a expropiación”, no hubo un solo accionista que saliera a quejarse o reclamar. La situación alimenta la sospecha de que en definitiva la empresa era manejada por “un testaferro” de Amado Boudou, tal como lo llamó a Vandenbroele su exesposa, Laura Muñoz.