Aprobó estatizar la petroquímica Venoco, propiedad de Carlos Kauffmann y Franklin Durán, enjuiciados en Miami por su vinculación al caso Antonini Wilson
Venoco es propiedad de Franklin Durán y Carlos Kauffmann y está ubicada en el municipio Guacara del estado Carabobo.
Durán, que fue enjuiciado en la Corte de Miami por su vinculación al caso de Guido Antonini Wilson, fue declarado culpable de actuar en Estados Unidos como conspirador y como agente del Estado venezolano sin autorización.
La empresa es contratista de PdVSA y de otras industrias del Estado.
Chávez también ordenó la nacionalización de la fábrica de fertilizantes Fertinitro constituida con capital de la gigante estadounidense Koch y de una subsidiaria de la empresa de servicios Saipem, de la petrolera italiana Eni.
“Exprópiese y pásese a propiedad patria”, dijo Chávez en su programa de radio y televisión semanal, ordenando la adquisición forzosa de la industria productora de amoníaco y urea.
Chávez agregó que la expropiación servirá para adelantar “los planes nacionales de siembra y producción formulados por el Ejecutivo Nacional y que sean necesarios para la ejecución de la obra plan socialista de soberanía agroalimentaria”.
‘Fertinitro (...) es una de las plantas de fertilizantes basados en nitrógeno más grandes del mundo con una capacidad de producción diaria de 3.600 toneladas de amoníaco y 4.400 toneladas de urea”, dijo un reporte para clientes de Fitch.
La semana pasada Chávez anunció la expropiación de la principal firma del país de productos agrícolas, ‘Agroisleña’, que pasó a denominarse ‘Agropatria’.
“Sepan los latifundistas que se acabó este oligopolio del que tanto se beneficiaron: ahora es cuando la revolución agraria va a acelerarse”, advirtió el gobernante en su columna “Las Líneas de Chávez”, que publica todos los domingos en varios diarios del país.
El mandatario venezolano anunció que también impulsará la sanción de una ley que permita a su gobierno “intervenir” construcciones paralizadas o expropiar terrenos urbanos que se encuentren vacíos. La ley facultaría a su administración a tomar decisiones sobre propiedades inmobiliarias privadas, incluida la expropiación.
De ser sancionado, “nos va a permitir acelerar el rescate de tierras urbanas para la construcción de viviendas para el pueblo, e incluso intervenir construcciones que están paradas o (son) de algunos especuladores que siguen explotando sobre todo a la clase media”, explicó el mandatario.

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