La estatización de YPF abrió una guerra fría entre las provincias petroleras y las sojeras, que amenaza con dominar la escena política de los próximos años.

El primer capítulo será en las próximas semanas, cuando en la reglamentación de la ley el Gobierno defina la modalidad con la que se repartirán las ganancias de la petrolera estatal.

Así lo establece el artículo 8 del proyecto, que de todos modos advierte que la distribución de acciones debe ser equitativa, pero “teniendo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada uno de ellas”.

En el Senado varios referentes de la oposición provenientes de provincias agroganaderas adelantaron que pedirán equidad en ese reparto. “Los chaqueños estaremos en la ventanilla, listos para cobrar”, afirmó el radical chaqueño Roy Nickish.

Y el reproche llega desde estos territorios por el reparto del Fondo Federal Sojero, compuesto por el 30% de lo recaudado por las retenciones de esa oleaginosa. Se distribuye según el índice de coparticipación federal, sin considerar la presencia de cada provincia en la producción agrícola.

Según un trabajo de la consultora Abeceb si Cristina Kirchner respeta el texto de la ley y fija un reparto de ganancias acorde a las reservas petroleras las provincias más beneficiadas serían Chubut, Santa Cruz y Neuquén, que ya tienen el privilegio de embolsar varios millones por la soja que no producen.

El año pasado, Chubut embolsó 111 millones de pesos del Fondo Federal Sojero, que alcanzó los $7249 mil millones.

Si las acciones de YPF se repartieran por la producción petrolera de las provincias, al tomar las ganancias a distribuir entre las provincias en 2011, unos 1350 millones, Chubut agregaría 481 a sus arcas. Neuquén y Santa Cruz serían las otras grandes privilegiadas con 284 y 282 respectivamente.

Sojeras vs. petroleras

El reclamo de las provincias sojeras es que las petroleras ya tienen bastante beneficio al tener potestad sobre los pozos y beneficiarse de las jugosas regalías que deja cada concesión. En Chubut, por ejemplo, algunas se extienden por varias décadas.

El gobernador de Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti, adelantó que dará pelea por tener réditos de los hidrocarburos. “Esta cuestión la hemos hablado informalmente con otros gobernadores cuando terminó el acto el lunes pasado en donde la presidenta hizo el anuncio”, contó.

“Pero también nos parece un acto de justicia porque Santa Fe tiene otro tipo de oro que es el verde y que ese si se distribuye en todo el país, por ende nos parece justo que se difunda que somos parte de la empresa sin importar si se distribuyen o no dividendos en los próximos años”, sostuvo el gobernador.

Bonfatti recordó que “las provincias que son productoras de petróleo reciben regalías”, pero aclaró que “YPF es una empresa de todos los argentinos”. Pero no se mostró urgido porque pronosticó que falta un tiempo para que el Gobierno, que tendrá el 51% de las acciones, acepte repartir ganancias de la petrolera.

“Por muchísimos años YPF reparta dividendos porque se necesita mucho dinero para explorar y para explotar”, vaticinó. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, son las que más soja producen y por lo tanto las más perjudicadas por reparto de las retenciones en base al índice de coparticipación, un indicador solidario, que privilegia a las provincias más pobres.

Según el trabajo de Abeceb, si la distribución del fondo sojero hubiera tomado en cuenta la producción de cada provincia, en 2011 Santa Fe hubiera recibido 1445 millones y no los 624 que obtuvo, un 57% menos. Córdoba y Buenos Aires hubieran sumado todavía más: 1195 y 755, respectiva mente. Casualidad o no, ambas están en una grave situación financiera y emitieron deuda recientemente para afrontar sus obligaciones.

Siempre tomando números de 2011, un reparto de ganancias de YPF podría haberlas compensado: Buenos Aires hubiera recibido 300 millones y Córdoba y Santa Fe unos $ 200 millones. Y Chubut, resignaría 460.

En el Senado el chubutense Marcelo Guinle se defendió con la Constitución en la mano. Es que la carta magna establece en su artículo 4 que corresponde a la Nación los derechos de importación y exportación por venta o locación de tierras.

Y en una de las reformas de 1994, el artículo 124 les concede a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Si el Gobierno insiste en abrir el debate de una nueva reforma de la Constitución, no podrá obviar reabrir este debate.