Al consultarle, confesó que si tuviera que volver a elegir, indudablemente estudiaría abogacía. Asimismo, como letrado y socio, fustigó contra una posible privatización de la cooperativa de servicios.

Gómez Lozano tiene la virtud de hablar parsimoniosamente acerca de temas que arden sobre la cotidianeidad de los vecinos de Puerto Madryn y la comarca en general. Sin embargo, ello no quiere decir que no se encuentra ocupado en el tema. Y preocupado, también. Será, tal vez, que entiende que cualquier mejora de fondo precisa un cambio radical no sólo en el escenario judicial, sino también político, legislativo y hasta un sinceramiento individual. Por ello, no duda en quejarse que muchos en la ciudad hablan sin decir nada, se mantienen al margen del conflicto, no problematizan y “no se la juegan”.

Según Gómez Lozano, tras varios años al comando del Colegio de Abogados de la ciudad, su legado más preciado oscila en tres ejes fundamentales. En primer lugar, defender la labor del abogado. También, la colaboración con el Poder Judicial, desde un punto de vista crítico e independiente. La tercera, la contribución del bien común. “En los tres aspectos se trabajó bien. En el primer aspecto, se aprobó una ley de honorarios profesionales para abogados. Esta había quedado muy relegada por la inflación. Por lo tanto, logramos aprobar una actualización, donde quitamos los honorarios mínimos profesionales de valores numéricos y lo atamos a un porcentaje del sueldo de los camaristas. En la medida que el sueldo de los camaristas fluctúe, lo hará el de los abogados. En esto, tuvimos el apoyo de la diputada Mariana Ripa”, aclaró el ex Presidente.

Asimismo, la colaboración a la cual hizo mención se tradujo en encuentros y capacitaciones que propiciaran un debate “serio” sobre el Código de Procedimiento Penal. “El Código es una hipocresía absoluta y las estadísticas demuestran el grado de frustración enorme que tiene. Así, hemos logrado instalar que el 90% de las causas van a archivo, mientras que del 10% que se investiga, solamente el 2% va a juicio oral. Cuando el Código se aprobó, tenía el paradigma del juicio oral. Finalmente, de cada 100 denuncias que hace la comunidad por hechos delictivos, sólo dos van a juicio oral”, sentenció Lozano, quien agregó: “También, hemos logrado poner freno a una iniciativa del Superior Tribunal sobre el Código Civil porque ellos quieren tratar de emular el Código Penal en la sede Civil mediante un juicio por audiencias. Nosotros consideramos que vamos a incurrir en el mismo error, en el sentido de que instalaremos un sistema que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra geografía ni con nuestra forma de pensar. Evidentemente, también irá al fracaso”.

En cuanto al tercer aspecto, se ha llevado a cabo, con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), un programa de capacitación que se llamaba “Barrios sin Discriminación” y también se trabajó con la comunidad los graves hechos de “violencia estatal que tuvieron su pico más alto con el crimen de Antillanca”.

Sobre los sucesos de las últimas semanas, enmarcadas en un pedido del Tribunal Superior de Justicia, que ordenó hacer audiencias a la mañana y a la tarde, y no obstante ello, muchos jueces desaparecieron de la escena laboral, dejando el foro penal prácticamente vacío, el doctor Gómez Lozano advirtió: “Esta situación me causa rechazo. Acá lo que hay que ver que el Poder Judicial es un cuerpo y, como cuerpo, quién responde es la cabeza. Por eso, se necesita el ejercicio efectivo de la superintendencia, puesto que ellos están en su oficina y no vienen al campo. Eso siempre lo hemos criticado. No vienen a ver qué problemas hay en las distintas jurisdicciones, ya sea Puerto Madryn, Esquel o Comodoro”.

Entonces, el abogado observó que no hay directivas precisas sobre cómo trabajar. “Muchas veces desconocen las problemáticas domésticas y no se ejercen los controles hasta que se dan cuenta que la situación se desbordó. Y cuando toman medidas, ya es tarde”, sentenció.

Por otra parte, el letrado criticó a algunos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia por trabajar poco. “Otro tema, que es una falla y que obsta mucho a la movilidad ascendente de los funcionarios, es que en el sueldo se privilegia más la antigüedad que los compromisos asumidos. Un funcionario que hace la plancha como Secretario en el Superior Tribunal, a veces gana más que un Juez de Garantías que está en la trinchera. Hay que cambiar ese paradigma sobre cómo se distribuyen los adicionales por responsabilidad en relación con los adicionales por antigüedad”, apuntó.

Así, este es uno de los grandes obstáculos por el cual los funcionarios no se quieren presentar a los cargos vacantes. Por ejemplo, hace algunas semanas el Consejo de la Magistratura se reunió en nuestra ciudad con el objetivo de concursar 14 cargos. Sorpresivamente, del total solamente se presentaron ocho, y de ellos, tan sólo aprobaron dos.

Por último, Gómez Lozano destacó que si bien el Poder Judicial debe mejorar en ciertos aspectos, toda voluntad será en vano si no se trabaja en conjunto con los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Entretanto, si bien dejó entrever que la calidad de ciertos colegas deja mucho que desear, el abogado relató que tiene muchas esperanzas en la camada de letrados que están prontos a recibirse porque están mamando toda una coyuntura política que es muy positiva para la vida en democracia.

“Soy partidario del sistema cooperativo”

Consulta acerca del sistema cooperativista, el ex Presidente del Colegio de Abogados expresó: “Soy partidario del sistema cooperativo por más que tenga falencias porque cualquier falencia del sistema cooperativo va a ser mejor que las falencias de las empresas privadas. Entiendo que existe una problemática pero habría que encontrarle una solución en el marco del sistema cooperativo. O bien, una solución en el marco de un fuerte control estatal, ya sea del sistema cooperativo o cualquier ente que se brinde.

Asimismo, opinó que no acuerda con la privatización de los servicios públicos “porque el argentino ha dado pruebas suficientes de que no es capaz de controlar adecuadamente los servicios monopólicos. Terminan siempre mandando los servicios monopólicos a los grupos de contralor en vez de los contralores a los servicios monopólicos”. D Madryn