Frente a los cuestionamientos que la asesoría letrada municipal recibió en la última sesión del Concejo Deliberante, su responsable manifestó que los ediles están equivocados cuando señalan que los abogados de la comuna cobran honorarios aún en los casos donde pierden causas.
Tras la polémica planteada el jueves en el Concejo Deliberante, sobre el incremento en más de un 300% de la partida presupuestaria destinada en la comuna para atender las causas judiciales --que ascenderá en el presupuesto del año que viene a $10.800.000--, ayer el asesor letrado municipal, Gustavo Chocobar argumentó que se trata de una cifra tentativa prevista para atender la evolución de las causas en curso contra el municipio durante el próximo ejercicio. Afirmó que no significa que la totalidad de los fondos estén ya anclados a sentencias firmes.
También descartó la existencia de una “industria del juicio” contra el Estado municipal. En diálogo con Diario Patagónico expuso que gran parte de las causas son de larga data, mientras que tampoco existe algún estudio de abogados especializados en querellar a la Municipalidad. “Por ahí coinciden algunos nombres, pero el mismo abogado que una vez nos gana, otra vez pierde”, manifestó Chocobar
Sobre un total aproximado de 20 querellas en marcha, el abogado graficó que “muchas de ellas todavía no tiene sentencia, muchos están en procesos de alegatos, con lo cual tampoco hay sentencias firmes y no implican montos groseros. En otros juicios todavía existe la posibilidad de apelación, con lo cual hablamos de un monto tentativo”, insistió, de modo que la previsión en el presupuesto 2012 se hace para tener la reserva económica en caso de un fallo adverso.
CAUSAS
De las características de los juicios en marcha contra la Municipalidad, Chocobar dijo que hay dos que implican sumas sustanciosas. Uno de ellos es el caso Dos Santos Pires, que data de 1992 y se vincula con la adjudicación de tierras. Representa $4,4 millones, cifra que de no abonarse durante el año próximo podría cuadruplicarse según el asesor. Además, la demanda no tiene posibilidad de apelación ya que llegó a la última instancia.
Otro proceso importante es el de Cleland, en el que el municipio fue demandado como co responsable luego de un accidente automotor provocado por una tropilla de caballos sueltos, que ya tiene sentencia. Actualmente se dirime lo atinente a daños y perjuicios y los honorarios de los abogados. Según el letrado, queda aún una instancia de recupero de la Municipalidad sobre la co demanda que en este caso es Costilla. El juicio total ascendió a $4 millones, que se fueron cancelando en diferentes ejercicios, y tiene una previsión de $2 millones en el presupuesto 2012.
Respecto del grueso de las querellas, Chocobar puntualizó que en líneas generales se trata de juicios laborales, por actualización de recibos mal liquidados y se trata de procesos iniciados en 2005 y por los que se atravesó seis años de litigios. También existe un juicio iniciado por YPF por entrega de tierras en el radio de seguridad de pozos petroleros. La demanda implica gastos por $600.000.
VDEPIM
El letrado subrayó que no todo para la cartera es pérdida, ya que como contrapartida, también la comuna ganó causas por las que registra acreencias cercanas a los $12 millones con posibilidad de cobrarlos en el próximo ejercicio. Dijo además que si se añaden los intereses, la suma en el haber por causas judiciales ronda los $18 millones. Las causas predominantes en este renglón son las de Vdepim, el canon por el uso de la tierra que se cobra a las instalaciones petroleras en el radio de la ciudad.
Más allá de las cuestiones monetarias, el jueves en la sesión del Concejo Deliberante donde se trató el presupuesto 2012 hubo ataques puntuales al equipo legal, a quien se lo acusó de “dormirse” o dejar vencer algunos plazos. También se cuestionó que los abogados perciben honorarios ganen o pierdan las demandas.
Sobre la composición de la asesoría letrada, Chocobar dijo que actualmente se integra con cinco abogados. Tres de ellos se abocan a los procesos ejecutivos de ejecuciones fiscales y el resto se aboca puntualmente a la defensa de la comuna. Todos los profesionales son contratados y no pertenecen a la planta municipal.
La aclaración de mayor peso que hizo el responsable del área legal de la comuna es que no existe la posibilidad de que los abogados de la comuna cobren honorarios en las causas que pierden. “Eso no se prevé en ninguna ley” subrayó.
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