El gobernador Luis Beder Herrera está preocupado. Y no es para menos. De ninguna manera es un espectador circunstancial de lo que ocurre en La Rioja, todo lo contrario, tal y como ocurre con todas y cada una de las circunstancias que se van dando en la Provincia. Y está claro que esta ocasión no será una excepción.

Ocurre que la calidad institucional por la que viene bregando el Gobernador desde que asumió en su cargo tras la convulsionada salida de Angel Maza, está en serio riesgo.

Y Beder Herrera lo sabe mejor que nadie. Y lo sabe porque el escenario en que se están registrando hechos que rozan con el escándalo en lo institucional, lo político y lo judicial, no le es para nada ajeno sino más bien una piedra en el zapato, y en particular desde que un ex hombre de su primer gabinete se hizo cargo de la intendencia.

La Perla del Oeste, Chilecito, no deja de sacudirse en medio de una serie interminable de contubernios. Léase: acuerdo entre varias personas para hacer algo ilícito o perjudicial para otro. Ni más, ni menos. Así de serio y preocupante.

Y aunque todo parece centrarse en dos hechos casi emblemáticos ya (la venta de tierras y el caso Ormeño), el trasfondo, lo que subyase, es una amenaza latente de implosión que puede salpicar a toda la Provincia. Y habrá que ver entonces, como bien lo señalara un columnista de este medio, si alguien se animará a ir bien a fondo.

Primero, en el ámbito estrictamente chileciteño, donde a todas luces puede verse la ausencia de una cabeza, de un líder político que tome las riendas de una situación que ya está completamente desbordada (la gestión Fonzalida es tan flaca como intrascendente).

Y luego en el ámbito provincial, donde todos los "muertos" caen pesadamente sobre el atiborrado despacho del Gobernador, que no sólo debe atender lo que acontece tierra adentro, sino que al mismo tiempo no puede ni debe descuidar lo que ocurre tierra afuera. Y si de tierra se trata...

Desde hace un tiempo, hablar del tema tierras en La Rioja se convirtió en sinónimo de problema, polémica y escándalo. Las operaciones de compras y de ventas de predios en diferentes partes de la Provincia quedaron enmarcadas en distintas denuncias cruzadas, al mismo tiempo que se hizo evidente la falta de controles por parte de las diferentes funciones del Estado, algo a todas luces inobjetable.

Pero lo de Chilecito, por la magnitud del escándalo, no deja de ser el eje de todas las miradas. Más allá del paradójico caso de Valle Hermoso, que derivó en que 2,5 millones de hectáreas estén siendo objeto de estudios para saber a quiénes pertenecen esos predios, las nuevas derivaciones llevan necesariamente a plantearse una infinidad de interrogantes que ponen a las instituciones y en particular a la Justicia y a los jueces en la mira.

Y sólo para empezar: ¿acaso alguien podrá dar una explicación medianamente lógica y sensata para el hecho de que en un Juzgado de Paz Letrado puedan desaparecer 20 expedientes relacionados con juicios posesorios?

Esto es, precisamente, lo que ocurrió en la Perla del Oeste y que salió a la luz recientemente a partir de la investigación que llevó adelante el Tribunal Superior de Justicia en uso de sus facultades de superintendencia.

El Juzgado de Paz Letrado de Chilecito, está encabezado por la jueza Yolanda Mercado y sus secretarías están a cargo de Eduardo Bestani y Emilio Masud, vinculados directamente por la Comisión Investigadora de la Legislatura provincial -constituida especialmente a tal fin- con negocios inmobiliarios cargados de irregularidades.

Y así se desprende del esperado informe que presentó el pasado jueves el presidente de dicha Comisión, Délfor Brizuela en relación a los primeros resultados de las investigaciones sobre la venta de tierras en Chilecito y Valle Hermoso.

Allí parecen apuntar todos los cañones, aunque en rigor de verdad, este caso sería sólo la punta de un enorme iceberg. Y el barco, está allí nomás de estrellarse.

No por nada Beder Herrera anunció que el Gobierno realizará una revisión general de las tierras entregadas en la Provincia, al tiempo que remarcó la voluntad del Estado de ir a fondo con el escándalo de la venta de tierras, que se reproduce también en otros puntos de La Rioja, incluida la Capital.

Y aquí no sólo está en juego una cuestión posesoria, que es menester sea resuelta con la urgencia y la seriedad que requiere el caso. También está en juego la imagen del Gobierno, aún cuando los presuntos ilícitos se hayan cometido en tiempos en que Beder Herrera no ocupaba el cargo de gobernador.

De no ser así, difícil sería explicar que comenzaron a circular encuestas de dudosa procedencia y resultados (el 2011 eleccionario está a la vuelta de la esquina), y que desde ciertos sectores como el radicalismo y otros que se dicen aliados al bederismo, pero que en los hechos no lo son tanto, empezaron a frotarse las manos.

Apariciones

Pero no sólo la escandalosa venta de tierras sacude a la convulsionada Chilecito. La aparición con vida de Daniel Adrián Ormeño sólo despejó una duda y en relación, precisamente, a si aparecería vivo o muerto, al tiempo que generó otras tantas apariciones como si de espectros se tratara.

Ocurre que todo lo anterior y posterior a la aparición de Ormeño, todo lo que se urde en torno al caso, sigue siendo una interminable consecución de dudas y sospechas que llegan a tocar a las más altas filas políticas de la Perla del Oeste, mucho más si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero de la discordia -algo más de 40 mil pesos- habría sido una de las máximas autoridades de la comuna chileciteña.

El ahora conocido como caso Ormeño, por el que están detenidos la abogada Marcela Masud, Luis Sánchez padre e hijo y Eduardo Castro padre e hijo comenzó a destapar una serie de indicios que superan toda capacidad de asombro y pende sobre la dirigencia política como una Espada de Damocles.

Y es que de acuerdo con lo que comienza a desprenderse de la investigación, es tan llamativa la desaparición de 20 expedientes de un Juzgado de Paz Letrado, como el hecho de que una de las máximas autoridades políticas de la localidad del Oeste se haya servido -aparentemente- de la usura para conseguir fondos para gastos de obras que luego serían devueltos -tal como se supone ocurrió también, en lo que fue el desencadenante de lo ya conocido por todos- cuando llegaran las partidas correspondientes.

Se trata, ni más ni menos, de la institucionalización de una práctica absolutamente ilegal por la que alguien debería brindar alguna explicación en Chilecito.

Esto, claro está, si es que en Chilecito alguien puede hacerse cargo de algo. Y hasta el momento no parece que esto pueda ser posible.

Cruces

El diputado provincial por el radicalismo Guillermo Galván se despachó sorpresivamente con fuertes críticas hacia la gestión del intendente capitalino Ricardo Quintela.

Y lo sorpresivo, no fueron justamente las críticas hacia el mandatario capitalino, cuya gestión es a todas luces deficiente sino que finalmente alguien, desde un lugar de representación y compromiso con el pueblo que lo puso en ese espacio, se animara finalmente a decirlo.

Entre otras cosas, Galván aseguró que el municipio no genera una sola acción por sí mismo y que no puede hacer nada si no recibe ayuda del Gobierno; en tanto que agregó que según diversas encuestas realizadas entre los vecinos de la Capital, la municipalidad quintelista tiene una "imagen horrorosa".

Hasta aquí, nada nuevo ni desconocido. Como nada nuevo ni desconocido supuso el cruce al que sólo asistió el concejal Enrique Escudero, quien intentó una defensa de la gestión "Q" al asegurar que Galván está desinformado.

Desde la comuna, por su parte, nadie asistió al convite del diputado provincial. Es decir, por si no quedara claro, nada se dijo al respecto de las declaraciones del legislador.

Y es altamente probable que quepa aquí con absoluta precisión aquel precepto que indica que el que calla, otorga.