Un juzgado de Santiago condenó ayer al Estado chileno a pagarle a cada uno de los 31 antiguos presos políticos de varias cárceles, la suma de 150 millones de pesos (unos 319 mil dólares) como indemnización por el "daño moral" que les causó su cautiverio en una inhóspita isla de la Patagonia.
El fallo, emitido por la jueza Claudia Donoso, acogió una demanda presentada en enero de 2008 por los ex prisioneros, residentes a la fuerza en la austral región de Magallanes. Los demandantes, tras ser secuestrados por agentes del Estado, permanecieron largo tiempo confinados en diversos centros de detención de la zona, especialmente en la isla Dawson, a cargo de la Marina chilena, 2500 kilómetros al sur de Santiago.
La jueza Donoso fundamentó su fallo en "la gravedad de las violaciones a los Derechos Humanos" a que fueran sometidos los demandantes, que fueron reconocidos oficialmente como víctimas del Estado en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura".
Dicho documento, conocido como "Informe Valech" certificó en 2004 que unos 33 mil chilenos fueron torturados y encarcelados por causas políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La magistrada rechazó un recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para prescribir el caso, por considerar que "no es posible sostener, a juicio de esta sentenciadora, que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso del tiempo". «
Efe
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