Chatarra: Cayó la causa porque se “vencieron los plazos”

Se agotó el plazo máximo de duración del proceso en la causa por la venta de la chatarra de Vialidad Provincial y el juez declarará esta semana la extinción de la persecución penal porque alcanzo el máximo de los plazos; o sea los tres años. En la audiencia del jueves la defensa le solicitó al juez que declare cerrada la causa “porque los plazos vencieron”.
En la última audiencia que se hizo el jueves y continuó el viernes, el Secretario General de los Viales, Aldo Griffith sufrió un pico de presión por la indignación que tuvo al enterarse que los plazos ya habían vencido, “esto lo amargó tanto que sufrió un pico de presión y tuvo que ser hospitalizado”, relató el abogado Cristian Ayala.

La venta de Chatarra de Vialidad Provincial en el año 2005 fue uno de los primeros hechos de corrupción del gobierno de Mario Das Neves, cuya causa se inicia por la presunta defraudación contra el Estado provincial tras la venta de una gran cantidad de materiales, carrocerías, y otros elementos cuyo valor de mercado se estimaba en 93.600 pesos, los cuales fueron vendidos al irrisorio precio de 15.400 pesos.

Se dejó correr el tiempo

Esta causa, a entender del abogado del sindicato de Trabajadores Viales, Cristian Ayala, está sospechada por una serie de irregularidades desde que se hizo la denuncia hace más de cinco años.

“La oficina judicial notificó casi siempre mal a los imputados”, se quejó el abogado al recordar que la oficina judicial de Rawson que conduce el doctor Walter Flania notificó en varias oportunidades mal a los imputados, “y todo pareció que fue a propósito para que los plazos expiren y se caigan los tiempos legales de los tres años que vencieron ayer domingo”.

Ayala lamentó que hubiera “errores inauditos desde la oficina judicial por lo que no se llegó con los tiempos” recordando además que como el Ministerio Público Fiscal se apartó de la causa, el SITRAVICH tuvo que ser querellante siendo que el Superior Tribunal de Justicia entendió que no había elementos para que el Ministerio Público no se presentara a defender los intereses del Estado, “pero tampoco lo hizo la fiscalía de Estado que en ese momento conducía Jorge Miquelarena, ni el presidente de Vialidad Provincial, la causa tuvo efecto cuando el sindicato se presentó en la oficina anticorrupción y esta presentó la denuncia penal que le costó la renuncia al entonces titular de esa oficina, Jorge Novarino por parte del gobierno de Das Neves”.

Nuevo Código

Ayala expresó que la causa conocida como la chatarra de vialidad es la primera en que es juzgada con el nuevo código procesal y que los imputados eran el ex interventor de Vialidad Provincial, Julio Otero, a quien se le atribuyó haber autorizado la apertura del depósito para el retiro del material en desuso, el ex jefe de la zona sur de Vialidad Provincial, Roberto Ferrazano y los pertenecientes a la ONG Red Patagónica del Trueque, Rubén Segura y Roberto Jaramillo que elaboraron un convenio con Vialidad Provincial para recibir ese material de rezago.

Íconos de corrupción dasnevista

Al igual que esta estafa que se produjo al Estado con la venta irregular de toneladas de chatarra y maquinarias de Vialidad de la cuál nunca se sabrá a que bolsillos fueron a parar los beneficios, otro de los iconos de corrupción del gobierno de Mario Das Neves, los casos Ingentis, sigue sin ningún tipo de avance de esclarecimiento, pese que por allí se licuaron millones de pesos de todos los chubutenses. De estas estafas denunciadas por el bloque de la UCR, aún se espera que haya alguna señal por parte de la Fiscalía de Estado para que empiecen a investigar el entramado de negocios que ocurrieron dentro de esas empresas con dineros públicos.

Los actores que han participado en el directorio de Ingentis son muy conocidos como el hijo del gobernador, Pablo Das Neves, Carlos Di Benedetto y Alejando Ivanisevich entro otros.

Se espera que la justicia actúe de acuerdo a las circunstancias y no deje pasar también el tiempo hasta que nada haya que hacer, porque entonces deberán comenzar las denuncias por faltas a los deberes de funcionarios públicos, dicen.

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