Sobre el ex apoderado de Madres recaen dos denuncias por los delitos de "lavado de dinero" y "defraudación al Estado", a raíz de las sospechas de irregularidades en el manejo de los fondos que el gobierno nacional destinó a esta institución para la construcción de viviendas sociales.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi pidió al Chaco, Misiones y Santiago del Estero y a cinco municipios que firmaron convenios con la Fundación Madres de Plaza de Mayo que le remitan toda la documentación de esos contratos, hoy en la mira de la Justicia. Sin embargo, hasta ayer al mediodía la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (UEPE), que funciona en el Ministerio de Infraestructura provincial, no se había notificado de ningún oficio.

La causa que se tramita en el juzgado de Martínez De Giorgi es paralela a la del juez federal Norberto Oyarbide, e investiga al exapoderado Sergio Schoklender, a su hermano Pablo y a otras siete personas vinculadas entre sí por empresas, por presunto lavado de dinero y defraudación por el uso de los fondos destinados a la construcción de viviendas.

Los avances en la investigación del vínculo político con los supuestos desmanejos de Schoklender no cesan. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le solicitó ayer a las autoridades de Misiones, Chaco y Santiago del Estero y a cinco municipios los contratos y antecedentes que firmaron con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

EL ESCANDALO

Schoklender quedó en medio de sospechas luego de su repentino apartamiento de la organización que comanda Hebe de Bonafini, donde se encargaba del manejo de fondos para la construcción de las casas populares.

Tras conocerse su alejamiento de Madres, trascendió que el motivo fue una violenta pelea con su hermano Pablo, quien también fue apartado de la Fundación y es investigado, aunque esa pelea no fue confirmada ya que no hay denuncia policial ni judicial alguna sobre ese hecho.