Los gremios estatales adheridos a la CTA que responde a Pablo Micheli reclaman “una verdadera” recomposición al básico, la actualización de las asignaciones familiares y rechazan los montos en negro.
“Rechazamos la política perversa de los montos en negro que desvirtúan el salario, no llegan a los trabajadores pasivos, desfinancian el Insssep y son inconstitucionales”, dijo y añadió: “Asimismo expresamos la imperiosa necesidad de la actualización de las asignaciones familiares, ya que las sumas que se abonan en estos rubros son simbólicas, considerando que el Estado Provincial paga por escolaridad 3,50 pesos, por hijo 72 pesos, contra 220 pesos que paga el Estado nacional, quedando los montos percibidos por los trabajadores estatales absolutamente desfasados, si comparamos a los de cualquier otro trabajador, sea desocupado, estatal nacional o privado”.
Por otra parte, expresó su “repudio a la política de represión y criminalización de la protesta implementada por el Gobierno provincial para aquellos sectores y gremios que reclaman con justo derecho por reivindicaciones para los trabajadores, como es el caso de los empleados judiciales a quienes efectuaron compulsivos descuentos de haberes por adhesión al paro nacional del 8 de junio de 2011, decretado por la CTA de Pablo Micheli”.
“Otro de los casos que podemos mencionar como prueba de la dictadura política de este Gobierno es la persecución de la que es víctima el sindicato Asavich: esta gestión le retiene indebidamente la cuota societaria con el objetivo de desfinanciarlo y persigue a sus dirigentes por no ser oficialistas”, denunció.
“También se puede mencionar el caso de la detención por medio de la fuerza pública de la secretaria general del Sindicato de Empleados de la Legislatura Chaqueña (Selcha), Ana Maria Prat y Ana Miño, quienes tuvieron que soportar estar presas e incomunicadas por instalar una carpa frente a la Cámara de Diputados en defensa de los derechos del trabajador de la legislatura”, finalizó.
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