Chaco

En los primeros días de este mes, el juez federal suplente de Resistencia, Eduardo Valiente dictó una resolución en la que habilita la continuidad de los trabajos del electroducto que estaban frenados por reclamos de vecinos del Lote 16 en General Vedia. El magistrado basó su resolución en que “las pericias que en su momento ordenó el juez federal subrogante Rubén Esquivel, fueron aportadas por los peritos de la Universidad Tecnológica y Nacional (UTN) y demostraron de que la línea de 500 kv, no produce daño ambiental alguno, ni a las cosas, ni a las personas, ni a los animales”.

Entre ellas, menciona al plan estratégico del Puerto de Barranqueras, el Electroducto NEA-NOA, la reactivación del Belgrano Cargas, el segundo acueducto del interior, la autovía Resistencia – Sáenz Peña y el dragado de la hidrovía Paraná – Paraguay.

A menos de diez días para que el Ejecutivo remita a la Cámara de Diputados el presupuesto general de la provincia para el año próximo, se conoció el presupuesto que el Poder Judicial aprobó por acordada de sus miembros el cual prevé erogaciones por algo más de 500 millones de pesos, cifra muy superior al presupuesto en ejecución que fue de casi 326 millones de pesos. Lo cierto es que para el 2011 la justicia chaqueña tiene previsto gastar 178 millones de pesos más a los de este año, siempre recordando que el gobierno provincial no había aprobado las partidas tal cual pretendía y tuvieron un recorte más que importante.

Fue la opinión del presidente de Comité Provincial de la UCR, Luis Verdún, sobre la sentencia del juicio al ex vicegobernador Miguel Pibernus. “Lamento que Pilatti Vergara y Sánchez tengan un concepto oportunista de la justicia y que denuncien a ajenos mientras son cómplices de los propios”, disparó. Y aseguró: “Desde el principio esto ha sido una mera especulación política, todos sabemos que ha sido víctima de una par de pícaros que se aprovecharon de su credulidad y buena fe, nadie se va a creer que Don Pibernus es un delincuente”.

Así lo manifestó Carim Peche, al criticar al ministro de Gobierno por sus últimas declaraciones. Mencionó que presentó un proyecto para reformar el Código Procesal Penal "para evitar que los delincuenten entren por una puerta y salgan por la otra".

La concejal justicialista Clarisse Pasmanter denunció que la gestión de Aída Ayala utiliza el 70% de los recursos que recibe en concepto de Fondo Sojero para contrataciones directas, mientras que sólo el 30% restante son inversiones que se canalizan mediante licitaciones. Además, la edil señaló que parte de los recursos sojeros, aunque deben ser utilizados solamente para obras públicas, son utilizados con otros fines no previstos por la legislación nacional que regula la aplicación de esos fondos.

A partir de una visión estratégica de seguridad y de la creación del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, el gobierno provincial lleva adelante la construcción histórica de dos complejos penitenciarios de máxima seguridad en Sáenz Peña y en Laguna Blanca con una capacidad para albergar a más de 1200 reclusos de alta, media y baja peligrosidad. Además de permitir la correcta ejecución de la pena de prisión, los proyectos tienen como objetivo fundamental lograr la reinserción social y laboral de las personas privadas de su libertad a través de distintas estrategias pedagógicas.

Desde la Juventud de la UCR respondieron “a las apreciaciones hechas por el ministro de gobierno Juan Manuel Pedrini, en las que irónicamente denominó al partido como Unión Cívica Rencorosa”. Diego Gutiérrez, presidente de la Juventud de la UCR señaló: “Una vez más al ministro Pedrini se le saltó la cadena, nuevamente con un tono y palabras que están marcando su estilo y que son más propias de un funcionario de facto que de uno de la democracia, hace alusión a la Unión Cívica Radical, partido mas que centenario, con una bravuconada al mejor estilo kirchnerista” y consideró que fue una “falta de respeto al pueblo radical del cual también es gobierno”.

La diputada Clelia Ávila presentó un proyecto de ley para fijar una legislación que otorgue mayor seguridad en la implementación y expedición de comprobantes de los débitos realizados en los haberes los empleados públicos.