Las 40 mujeres que usurparon viviendas en la avenida Choya y que fueron imputadas ayer por el fiscal de instrucción N°2, Mauricio Navarro Foressi, comenzaron a declarar espontáneamente de manera paulatina desde ayer a la tarde, en la Unidad Judicial N° 8.

Las mujeres estuvieron acompañadas por su abogado, Ariel López, quien durante las primeras horas de la mañana de ayer se había dirigido a la oficina del fiscal Navarro Foressi para negociar el cese de la orden de detención que se había dictado recientemente. Ante esto, el fiscal le aclaró que primero deberían presentarse a declarar para que luego quede sin efecto la orden de detención. Por ello en horas de la tarde las mujeres, en grupos de cinco, para que el trámite no se extienda demasiado, fueron prestando declaración, por lo que en los próximos días seguirán declarando.

De acuerdo con lo que informó López, en diálogo con EL ANCASTI, la denuncia había sido realizada por varias empresas (Zárate Construcciones, Capdevilla Empresa Constructora SA) que según la interpretación que hace el Fiscal por el hecho que se está imputando, el poseedor de los terrenos sería el Instituto Provincial de la Vivienda, que al momento de la construcción del barrio estaba a cargo de Eduardo Brizuela del Moral (h). "Ahora que prestaron declaración pudimos tener acceso a las denuncias que figuran en la causa, y a partir de eso presentaremos las pruebas que tengamos que presentar”, adelantó López.

Por su parte, el Fiscal de la causa aclaró que el delito de usurpación es excarcelable y que "la gente plantea que por necesidad ingresó a los barrios, pero eso no es un problema de la Justicia”, y manifestó que luego de las declaraciones se analizará la posibilidad de dictar una orden de desalojo.

"No nos vamos a ir de aquí"

De acuerdo con lo que expresaron las ocupas, están decididas a permanecer en las viviendas usurpadas, a menos que se les otorguen otras casa.

"Nunca nos habían citado de ningún lado, nosotros vinimos a instalarnos aquí porque este barrio estaba abandonado desde hace 5 años, antes de que nosotros nos instalemos”, contaron las mujeres. Además agregaron que, desde que están ocupando las casas, en noviembre de 2013, distintos organismos como el IPV, Secretaría de la Vivienda y otros se comprometieron a brindar una solución para estas familias, y hasta presentaron documentación de garantes, que les requerían, pero finalmente nunca les solucionaron su situación. Aclararon que ellas ingresaron a las viviendas sin violencia y a plena luz del día, debido a que tenían la información de que las construcciones estaban abandonadas desde hace 5 años, y están convencidas de que la solución se las tiene que brindar el Estado. Además, en el barrio funcionaría una ONG y hasta una familia recibió ayuda oficial, por lo que "el Gobierno en cierto modo legitimó la situación”, consideraron.