La planta de eliminación de PCB de Arroyito, única en su tipo en el país, dejó de funcionar desde hace meses porque “no cerraba la ecuación económica-financiera”. Así lo informaron a la Legislatura el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, y el gerente general de ENSI (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería), Héctor Apesteguía, en respuesta a una consulta de la cámara. Los diputados habían alertado sobre una aparente suspensión del servicio por un incendio de los equipos, hecho que no se menciona en el informe.

El expediente que envió Bertoya lleva un texto adjunto con la firma de Apesteguía, donde se responde a los siete interrogantes que formuló la Legislatura. Allí, se indica que ENSI “discontinuó la actividad de eliminación de PCB en aceites dieléctricos, resguardando los equipos en condición de uso y la patente de invención debido a que no cerraba la ecuación económico-financiera que hiciera sustentable el negocio”.

También señalaron que las últimas consultas y pliegos recibidos “son por pequeñas cantidades, lo que apunta a un mercado declinante”. Según aclararon, el servicio de eliminación de PCB patentado por la ENSI en 2003, se financiaba “a través del resultado del negocio”, sin aportes de Nación o Provincia.

Como causas de la baja rentabilidad, mencionaron que “se requiere una gran logística al estar obligado a trabajar en la casa del cliente, debido a que las normativas provinciales impiden el ingreso de aceites contaminados con PCB” al territorio neuquino. También remarcaron que no pudieron alcanzar “la continuidad mínima que se requería para que la actividad sea sostenible”, debido a dos causas: los extensos trámites medioambientales y los reparos de la población.

Equipos parados

“Los tiempos muertos que se producen obligan a tener los equipos parados y el personal afectado a la operación inactivo, lo que genera muy altos costos que no se alcanzan a recuperar”, fundamentaron.

Según detallaron, en lo concerniente al PCB, existe “una opinión pública muy sensibilizada, lo que implica una permanente exposición a diversos cuestionamientos por parte de organizaciones políticas, ambientalistas, vecinales, etc., que obstaculizan y demoran los trabajos”.

Sin embargo, en otro apartado del informe, también nombraron como dificultad la falta de interés social en el tema. “El PCB, en la opinión pública y en los entes reguladores y de control pasó a un segundo plano de importancia y, por lo tanto, desaparece el incentivo que estimulaba el mercado”, aseguraron.

La Legislatura votó el pedido de informe por unanimidad a principios de agosto. La autora de la iniciativa, Fernanda Esquivel (Unión Popular), justificó entonces la consulta en que “hace aproximadamente un año, el acaecimiento de un incendio a la planta móvil la dejó sin funcionamiento”. Advirtió que “sería sumamente grave” la ausencia del servicio, dado que se sospecha que muchas industrias químicas y mineras siguen utilizando equipos con PCB.