A excepción de quienes están dedicados a esta actividad ilegal o quienes tienen la misión de combatirla, pocos en el norte entendían por qué desde hace algunos años el contrabando de cereales hacia Bolivia, especialmente el de trigo, había crecido exponencialmente.

Los procedimientos en los que la Dirección Nacional de Aduanas y, en menor medida, Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia intervienen deteniendo camiones que, a granel, transportan miles de kilos de trigo, son habituales y se realizan en la extensa línea de frontera que separan Argentina de Bolivia.

Las autoridades de frontera no tienen duda de que este tipo de maniobras ilícitas tiene por fin dos objetivos y los expresan con toda claridad: “El lavado de dinero y el narcotráfico. Al pasar hacia Bolivia por pasos no habilitados estas unidades de transporte que llevan no sólo trigo, sino también maíz o poroto, ‘pierden su identidad’ y son utilizadas para estas actividades ilícitas”.

De acuerdo con las sospechas, también podrían ser utilizados para facilitar el lavado de dinero.

“Estamos pidiendo la intervención de otros organismos porque la situación es preocupante respecto del movimiento de granos en forma ilegal y esperamos ser escuchados”, manifestó el titular de la Administración Nacional de Aduanas de la Delegación Salvador Mazza, Julio de la Vega.

A partir del año 2006 nuevas disposiciones aduaneras causaron en la zona revuelo cuando las mismas determinaron una nueva modalidad operativa para productos como trigo, soja, maíz y sus derivados. Hasta ese momento, cientos de equipos llegaban a Salvador Mazza supuestamente para que las cargas queden allí o en las otras localidades fronterizas, como Yacuiba o San José de Pocitos, bajo el régimen vecinal fronterizo -con muchísimas menos cargas impositivas que una exportación normal-. Pero la realidad era que al cruzar la frontera los camiones seguían viaje hacia otras ciudades, como Santa Cruz de la Sierra.

Las obligaciones

Las disposiciones -que generaron paros, manifestaciones y cortes del puente internacional por parte de los bagayeros y comerciantes de frontera- se mantienen hasta la fecha. Previo al ingreso a la localidad fronteriza de Salvador Mazza los propietarios de las cargas deben formalizar una declaración jurada en el puesto de control aduanero ubicado en la localidad de Aguaray, sobre la ruta nacional Nº 34, para hacer conocer el destino final de la mercadería que transportan.

Si las mismas son para consumo interno, en la región fronteriza deben justificar ante el servicio aduanero la demanda local del producto. Si éste tiene como destino la exportación lisa y llana, se debe aportar la documentación para dicha operación.

Esta situación puso en jaque a una gran cantidad de “exportadores”, quienes, al momento de exhibir la documentación exigida, se veían imposibilitados de hacerlo ya que muchos eran comerciantes “fantasma”.