El problema de la Cooperativa Gualcamayo viene de larga data. En 1992 la empresa SUMA, integrada por Mapal Consolaresstrucciones y Jorge Eduardo Suárez, empezó con la construcción de distintos barrios, pero con la crisis económica muchos adjudicatarios se retrasaron en los pagos y la empresa empezó con intimaciones y órdenes de desalojo.

En 2006 los damnificados por las maniobras de la cooperativa Gualcamayo de Mendoza y San Juan, respecto a la sesión de créditos fueron informados sobre la intervención judicial de la entidad y la necesidad de no pagar las cuotas de sus casas, hasta tanto se dilucide la situación real de la institución y su relación con miles de ahorristas.

El problema para determinar la intervención fue que no todos los asociados tenían las escrituraciones a su favor, no sabían el valor real de los inmuebles y muchos denunciaron problemas la calidad constructiva de los hogares que habitan.

En 2011 se produjo la inhibición de los bienes de las empresas Admicor y Kuantika, que en principio eran las poseedoras de los créditos. Esto llevó a que en el mes de octubre las empresas pidan una conciliación para encontrar una solución al largo problema. Desde la intervención de la cooperativa se espera que haya una quita de deuda que van entre el 30 y el 40 por ciento según la condición de los adjudicatarios

La intervención de la Cooperativa Gualcamayo “tiene por objetivo regularizar la situación y todo lo que detecte dentro de la cooperativa, que estaba desactivada en el año 1999/2000, inclusive de socios”, dijo Mulet

En este accionar por la normalización hubo una batalla legal importante. “Impusimos una medida autosatisfactiva que anuló la sesión de los créditos que tenía hecha la cooperativa a SUMA Construcciones y un grupo de empresas”, ratificó el letrado. Tiene que marcarse que de acuerdo a lo que explicaron desde la intervención en ese momento la cooperativa envió los créditos a quienes habían construido, las empresas que eran los propietarios de los terrenos.

En el batallar de los estrados, de acuerdo a Mulet se encuentran en una segunda etapa, más allá de la concientización de que la gente tiene que entrar por el camino de la institución, o sea ir por la intervención para determinar la realidad de su situación. “Se hizo un segundo juicio donde se le pide al juez que el interventor haga la escrituración de los terrenos de las casas que tienen más del 25 por ciento pagado. Estos se justifica legalmente con la ley 14.005, que tiene larga data”. Sobre eso desde la intervención han trabado inhibiciones sobre los terrenos para que no puedan seguir cediéndose”, con lo que la gente no sabía donde estaba sus créditos o se enteraba recién cuando llegaban las ejecuciones. Es que los créditos fueron de una mano a otra y por último ocurrió algo similar a las hipotecas Suprime, donde nadie sabía donde estaba su deuda. “El tema de estos créditos fue un abanico que se fue abriendo”, expresó Márquez.

La realidad de fondo es que “al establecer el juez la nulidad de ese convenio de origen, nosotros en la segunda medida autosatisfactiva pedíamos la anulación del resto de los convenios y que los terrenos se pudieran al nombre de los adjudicatarios”, señaló el interventor.

En medio de tamaña pelea legal, el juez federal interviniente Miguel Galvez fijó una audiencia de conciliación. Estas comenzaron a principios de mes de octubre. “Con esto vemos una luz al final del camino”, dijo Mulet. Desde ahí se hicieron algunos cuartos intermedio y la próxima reunión se ha fijado para el 28 de febrero.

Los barrios construidos por Galcamayo en la provincia según la intervención son: Portal de los Andes I,II y III, Solares del I al V; Solares de San Juan y Jardín del Milagro. Esto lleva a que hayan unas 800 familias con algún tipo de problema.

Tras el acuerdo buscado

En principio lo que se busca es un punto intermedio. “Se tiene que hacer una determinación de deuda real razonable, que es lo que tiene que pagar cada adjudicatario en sí. Esto debe estar acomodado a los ingresos de cada una de las personas”, dijo Marquez.

Vale mencionar que en la crisis de 2001/02 el precio de las cuotas se fue tan alto que era imposible hacerles frente. En este proceso, muchos de los adjudicatarios dejaron de pagar, otros refinanciaron deudas y de estos procesos es que saltan los incumplimientos de los adjudicatarios para con quien tenía en su haber los créditos en cuestión.

Por ello es importante que los adjudicatarios que tienen deudas puedan reasociarse en la intervención, de modo que no queden fuera del sistema cuando haya un acuerdo definitivo.

Lo que se trata de “buscar es un valor razonable de deuda de cada uno de ellos, acomodarlo a la situación posible de pago de cada uno y ver las posibilidades de quitas para el que pague de contado o financiaciones especiales para el que no tenga todo el dinero”, dijo el doctor Márquez.

Los montos que determinan las empresas “nosotros creemos que no es el que se estima razonable, para ello proponemos un sistema de ajuste único que contemple una disminución de los intereses de la empresa y un acercarse a las posibilidades de la gente”.

Extraoficialmente se indicó que “el sistema de ajuste puede significar de acuerdo a cada uno de los casos, entre el 30% y 40% de disminución de la deuda”.