“El genocidio no es un marco en el que se cometen delitos, sino que es el crimen mismo. Las múltiples acciones delictivas son instrumentos para perpetrarlo y constituyen, por lo tanto, conductas genocidas”, fueron las palabras expresadas por la querella representada por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) para pedir al Tribunal Oral Federal que condene a todos los imputados como coautores del delito de genocidio.

El pedido se llevó a cabo en la segunda jornada de alegatos de la parte acusatoria que se desarrolló ayer en AMUC donde se juzga a 23 imputados en el marco del segundo juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar.

Las abogadas del Ceprodh, Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazabal, solicitaron que doce de los imputados sean condenados a prisión perpetua en cárcel común y el resto a 30 años con la misma modalidad como coautores del delito de genocidio, según el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción contra el Genocidio.

Los pedidos a prisión perpetua del Ceprodh recayeron en José Luera, comandante de la VI Brigada de Montaña; Oscar Reinhold, jefe de Inteligencia de la VI Brigada; Hilarión de la Pas Sosa, jefe de sanidad del Batallón de Ingenieros (BING) 181; Enrique Olea, jefe del BING 181; Gustavo Viton, jefe del área 5.2.1. con asiento en la Comisaría 24 de Cipolletti; Jorge Eduardo Molina Ezcurra, oficial de Inteligencia; Sergio San Martín, oficial de Inteligencia; Francisco Julio Oviedo, suboficial de Inteligencia militar; Enrique Charles Casagrande, subjefe de Inteligencia; Raúl Guglielminetti, personal civil de inteligencia; Osvaldo Laurella Crippa, teniente coronel a cargo de la jefatura de la Policía de Neuquén, y Antonio Camarelli, jefe de la Comisaría 24 de Cipolletti.

En el caso de la Pas Sosa, las abogadas aseguraron que son 27 los casos en los que el médico tuvo directa intervención, entre ellas en la muerte del cooperativista José Luis Albanesi y de seis desapariciones forzadas.

Además requirieron que sean condenados a 30 años de prisión en cárcel común: Máximo Maldonado, subjefe de Inteligencia; Jorge Gaetani, subteniente del BING 181; Serapio del Carmen Barros, personal civil de Inteligencia; Emilio Sachitella, oficial de Gendarmería Nacional, y Miguel Ángel Quiñones, personal de Inteligencia de la Policía de Río Negro. La misma pena fue pedida para Gerónimo Huircain, oficial de la Comisaría 24 de Cipolletti; Oscar Del Magro, oficial de la Policía de Río Negro; Julio Villalobo y Saturnino Martínez, suboficiales de la Comisaría 24, y Desiderio Penchulef, jefe de la comisaría de Cinco Saltos.

Investigaciones

En el alegato las profesionales del Ceprodh solicitaron al Tribunal que se investigue y juzgue el accionar de la Triple A en la zona antes del 24 de marzo de 1976. “En ese tiempo fue cuando comenzó a operar la comunidad informativa, con la participación de todas las fuerzas represivas locales, incluidas las policías de Neuquén y Río Negro. Algunos testimonios dieron cuenta de que la Universidad Nacional del Comahue era una ‘cueva de parapoliciales’”.

“La UNCo fue el centro de la actividad represiva en la región y en ese escenario, Raul Guglielminetti fue el eje central de la banda parapolicial”, sostuvo Hormazábal.

Además pidieron que se ordene la investigación de todos aquellos que durante las audiencias de debate, el Ceprodh les solicitó el presunto delito de falso testimonio, entre ellos Benjamín Sitzerman y Rafael Scuteri, médicos que en 1976 se desempeñaban en la Policía de Neuquén.

Ambos declararon en este proceso ya que sus firmas aparecen en el acta de autopsia de José Luis Albanesi, quien murió luego de las torturas sufridas en el centro clandestino de detención "La Escuelita" que funcionaba al fondo del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 de esta ciudad.