Ahora el tema arrastra problemas económicos, judiciales y acumula deudas por el incumplimiento del contrato firmado entre el actual intendente Juan Villalba y el grupo de diez socios dueños del predio. Varios de ellos, que se consideran damnificados en la operación, podrían iniciar acciones legales debido que siguen manteniendo abultada deuda con el Consorcio Salto Andersen de Riego y Drenaje.

El centro se levantaría en un predio de la ex empresa Frucar, cuyo frigorífico fue destruido por un incendio el 11 de junio del 2000, en la colonia Juliá y Echarren.

El contrato 533-04, firmado entre las partes, establecía que la comuna adquiría el inmueble por la suma de 204.343,29 pesos.

La municipalidad integraría ese monto asumiendo las deudas que mantenía la ex empresa y sus socios con la Dirección General de Rentas, la propia comuna, el Departamento Provincial de Aguas, y el Consorcio Salto Andersen de Riego y Drenaje, más la cesión de los derechos de posesión de 10 lotes, con las respectivas escrituras dentro de los 6 meses de la celebración del contrato, con gastos a cargo de la comuna.

Hasta la fecha la falta de resolución acerca del supuesto acuerdo firmado entre la comuna y el DPA, que nunca existió, continúan acumulando grandes deudas para los socios (que llegan a los 100.000 pesos) y la imposibilidad de escriturar las tierras cedidas.

La historia

El 28 de septiembre de 2004, el Deliberante local que integraban Graciela Grill, Aníbal Artigau, Verónica Currinca, Antonio Funes, Adela Gambino, Daniel Gasparini y Fabián Villagra, declaran de interés municipal el proyecto.

El 27 de octubre de 2004, el senador Luis Falcó presenta el proyecto ley para el otorgamiento de un millón de pesos para la obra, lo cual se aprueba el 10 de noviembre de ese año. No se sabe si ese dinero llegó ni adónde fue a parar.

El 10 de diciembre de 2004, el intendente Juan Villalba, junto a los socios firmaron el boleto de compraventa del inmueble, por lo que la propiedad de la ex empresa Frucar pasó a manos de la comuna.

En mayo del 2007, el gobernador Miguel Saiz condonó las deudas por impuestos que tenía la empresa frutícola.