La mandataria pidió a Lula, su predecesor, que fuera mediador en el conflicto
La oficialista Central Única de los Trabjadores (CUT) y la opositora Fuerza Sindical, las dos mayores agremiaciones del país, censuraron al gobierno por evitar el diálogo y aseguraron que los sindicatos estatales siguen dispuestos a encontrar una solución.
Los profesores universitarios iniciaron un paro nacional hace más de dos meses en demanda de aumentos, sumándose luego, gradualmente, otras reparticiones públicas en el peor paro ocurrido desde hace una década.
La presidenta solicitó la mediación de su predecesor, Luiz Lula da Silva, que hace una semana conversó con sus correligionarios de la CUT, aunque la central ligada al Partido de los Trabajadores firmó, no obstante, el documento en apoyo de los huelguistas.
“Hace décadas que los trabajadores son sometidos a una política que devalúa la carrera del empleado público y de deterioro salarial”, sostuvo el comunicado conjunto, que reclama una “solución rápida al conflicto”.
La semana pasada Rousseff se mostró enojada con los empleados públicos y afirmó que su prioridad es mejorar la situación de los trabajadores pobres que no tienen “estabilidad”.
Las huelgas empiezan a preocupar a Rousseff, porque empezaron a paralizar tanto las exportaciones como las importaciones con miles de millones de pérdida.
Según trascendió, la presidenta está disgustada y perpleja con la actitud de la Central Única de los Trabajadores (CUT), sindicato bajo el control de su formación política, el Partido de los Trabajadores, que es principal convocante, junto con dos pequeños partidos opositores de izquierda, de la huelga a la que se han sumado 350.000 funcionarios.
Rousseff esperaba una mayor comprensión del sindicato de su partido, que, según la presidenta, sabe mejor que nadie que “no se puede jugar con la crisis global que afecta hoy a la economía mundial” y que ya está afectando a Brasil.
más reclamos. Por otro lado, si bien no se declararon en huelga, altos mandos del ejército brasileño denunciaron que sufren una serie de carencias; tienen armamento obsoleto, escasos medios de transporte y comunicación, que le hicieron perder capacidad operativa a las fuerzas armadas.
“Le puedo asegurar que tenemos munición para menos de una hora de combate”, advirtió el general Maynard Marques de Santa Rosa, ex secretario de Política, Estrategia y Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa.
“Hasta 2015, deberíamos recibir 10.000 millones de reales (unos 5.000 millones de dólares) sólo para recuperar la capacidad operativa”, agregó.
Un documento del ejército resaltó la escasez de automóviles, barcos y helicópteros que sufren las bases militares, e indica que “más del 92 por ciento de los equipos de comunicaciones están obsoletos”, y de ellos, “más del 87 por ciento están fuera de uso”.
Los puntos que más preocupan a los mandos castrenses son la protección de la Amazonia, el control de los más de 17.000 kilómetros de fronteras que posee el país, y el reequipamiento de la tropa.
El gobierno invierte actualmente cerca del 1,5 por ciento del PBI, lo que equivale a unos 30.893,5 millones de dólares, según datos del Ministerio de Defensa relativos a 2011.
La idea es elevar ese porcentaje a un 2,4 por ciento del PIB, de manera de igualar el promedio que le destinan a Defensa los socios de Brasil en el grupo Brics –China, India y Rusia.
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