Cada mes, entre Epec y el gobierno de la Provincia deben destinar en conjunto 10,4 millones de dólares para pagar una de las 96 cuotas que desde marzo deben afrontar por la millonaria deuda contraída para la construcción de la Central Bicentenario de Ciclo Combinado, conocida como Pilar.

La sociedad de hecho generada a partir del contrato firmado con Anses, que compró en soledad los bonos que la empresa provincial emitió para llevar adelante la construcción de la usina, hacen que Epec sea la primera responsable de la deuda. Pero por si no fuera suficiente, los recursos de coparticipación actúan como garantía.

Y eso es lo que está ocurriendo. La empresa destina los fondos que percibe por la venta de energía que realiza esa central a Cammesa, la encargada de administar el mercado mayorista eléctrico. En un comienzo, las autoridades provinciales habían asegurado que los ingresos por esa entrega alcanzarían para cubrir el pago mensual del bono.

Pero ahora, ni bien asumió el gobernador José Manuel De la Sota su tercer mandato, admitió que esa ecuación no cerraba y que intentaría renegociar el contrato con Cammesa. Luego lo ratificó también el presidente de Epec, el riocuartense Osvaldo Simone. En aquel momento, el gobernador sugirió incluso la posibilidad de que esa renegociación con la Nación podría permitir a Córdoba contar con recursos extras que se destinarían a la realización de la autovía de la ruta 36. Fue otra de las posibles fuentes de financiamiento que se estimaron a comienzos de año para esa obra, pero que nunca lograron concretarse.

Lo cierto es que ahora la oposición denunció que no sólo la ecuación de Pilar se hundió en el rojo, sino que “de los 10,4 millones de dólares mensuales, más de la mitad surgen de la coparticipación”, remarcó Juan Pablo Quinteros, vocal del Frente Cívico en el Ersep. Esto implicaría unos 72 millones de dólares anuales que debe afrontar la Provincia de sus maltrechas cuentas.

Así, además del oneroso contrato de construcción que asumió Epec desde 2007, se suma ahora la imposibilidad de afrontar el pago de las cuotas con sus propios recursos, lo que termina disparando automáticamente la retención por el saldo, de los fondos de coparticipación que deberían llegar a la Provincia mensualmente.

Como se recordará, el proceso de construcción nació durante el último tramo de la gobernación de José Manuel De la Sota y la presidencia de Néstor Kirchner, con la idea de repotenciar la usina existente a través de Nación Fideicomisos. Luego, cuando surgió el escándalo de Skanska, el proyecto se diluyó y resurgió de otro modo: con la intención de construir una nueva central.

“Cuando colocan el bono para la Central Pilar, el único oferente para la compra fue Anses. El monto era de 565 millones de dólares a 8 años al 12,5% anual. Cuando había condiciones incluso en el mercado de capitales más beneficiosas. Todo esto se hace a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, recordó Quinteros, quien aseguró además que “la decisión de asumir estos compromisos inviables desde lo financiero fue del propio De la Sota en el tramo final de su gestión anterior. Schiaretti sólo ejecutó lo que De la Sota dejó”.

Al comparar la obra de Pilar con las realizadas en Santa Fe, Quinteros destacó que en la vecina provincia el financiamiento de la usina San Martín, ubicada en Timbúes, fue íntegramente de la Nación y que la puesta en marcha de esa central fue sin costo para la administración santafesina. Ahora, está en marcha una segunda usina de similares características, conocida como Vuelta de Obligado, que se construirá del mismo modo.

“La Secretaría de Energía había tomado la decisión estratégica de que Córdoba y Santa Fe, por ser los dos polos más importantes del país desde la producción cerealera, debían tener buen nivel de generación. Y avanzó con la intención de potenciar la producción energética en ambas provincias. Pero Córdoba quiso hacerlo con sus recursos, cuando está claro que la generación es un muy mal negocio”, explicó Quinteros.

El vocal del Ersep por la oposición indicó además que semanas atrás, junto al senador Luis Juez, mantuvieron una entrevista con el secretario de Energía de la Nación, quien les adelantó que “no hay ninguna posibilidad de renegociar el contrato de abastecimiento entre Cammesa y Epec. Cuando Epec decide construir la Central Pilar, nadie la obligó. Y cuando se firmó el contrato nadie le puso un revólver en la cabeza. Incluso Cammesa le está pagando a Epec más que a Timbúes y Campana”, dijo el dirigente del Frente Cívico.

Por si fuera poco, hay dos datos más que complican las cuentas de la usina provincial: Cammesa le aplica multas por indisponibilidad de potencia, porque entrega menos de lo que se había comprometido; y además, el costo de mantenimiento que le paga a Electroingeniería es de $ 1.800 millones por los 8 años de contrato.