En concreto, los docentes locales afirman que la ministro de Educación, Mirtha Romero, “pidió telefónicamente, desde Rawson, a Supervisión de Escuelas, que den nombre, apellido, DNI y cantidad de docentes que participaron de asambleas convocadas por el sindicato”.

Recordaron además que es la segunda oportunidad en los últimos días que desde el Ministerio “se busca intimidar, para bajar el nivel de participación en las asambleas”.

En tal sentido, denunciaron los llamados realizados esta semana por considerar que se trata de una “acción persecutoria propia de otros tiempos para amedrentar a los compañeros que necesitan expresarse y que participan de una actividad legal y legítima”. Por ello se declararon en estado de asamblea en las dos últimas horas del turno mañana y en las dos primeras de la tarde para participar de la movilización que se convocó a las 11, la cual partió de Güemes y San Martín.

En ese contexto, el secretario general del gremio en Comodoro, Carlos Magno, indicó que “el gobierno dice que quiere solucionar las cuestiones de educación y por otro lado apela al garrote a quienes reclaman”.

ARGUMENTOS DEL GOBIERNO

Asimismo, indicaron que en este caso para avanzar en solicitar medidas destinadas a evitar la participación de los docentes en las asambleas el Ministerio de Educación pidió asesoramiento a la Secretaría de Trabajo. Desde el gremio se consideró que este hecho “es cuestionable, objetable y rechazable desde todo punto de vista, en virtud de tratarse de carteras cuyas conducciones responden a los lineamientos políticos de la administración de turno en el Estado Provincial”.

A su modo de ver, recurrir a un organismo absolutamente parcial en cualquier situación que involucre al Estado provincial como empleador y un colectivo laboral en relación de dependencia con el mismo, resulta “improcedente y tendencioso en sus fines, por ser presumibles a priori por el Ministerio de Educación, dada la relación política entre quienes conducen ambas carteras”.

Pero además argumentaron que la respuesta escrita de la Secretaría de Trabajo del Chubut al Ministerio de Educación “omite la vigencia constitucional de los Acuerdos 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo, de rango constitucional desde 1994 en la República Argentina”.

Responden también uno de los planteos del Ministerio de Educación para evitar las asambleas en horario de clases: la defensa de los derechos del niño. Al respecto --afirman desde el gremio-- resulta “inexorable referirse a la protección integral de los niños hijos de los asalariados, que perciben remuneraciones inadecuadas para atender los costos de la canasta familiar, en todos los aspectos determinados por la Ley 20.744”.

Por ello sostienen que desde el Ministerio se expresa “una opinión discriminatoria respecto a la calidad de sujetos de derecho y de protección integral para con los niños, hijos de los trabajadores de la educación del Chubut”.