Censo: advierten que existe temor en dar datos personales

Muchos de los denominados usurpadores se resisten en dar su información personal. Temen a que luego sean imputados en delitos o hasta tomen represalias con ellos. Desde la Justicia aguardan el resultado de esos informes que son elaborados por los miembros del denominado comité de crisis. Insisten en hallar una solución pacífica.
Un grupo de asistentes sociales y el mediador de la Policía Alejandro Bottini, avanzan con cierta dificultad en el terreno de los campamentos okupas en el proceso de elaboración de un censo que contenga los datos personales de las personas que permanecen apostadas en esos escenarios.

Forman parte del denominado comité de crisis.

Desde la Justicia admiten que marcha con demora la recolección de datos, pero argumentan que eso se debe al gran tamaño del terreno tomado, que se extiende por casi 30 hectáreas.

Sin embargo la sensación que se vive dentro de las carpas es distinta.

La desconfianza hacia los censistas es inocultable y viene acompañada de una serie de trascendidos que se transmiten de boca en boca. La mayoría teme que luego de que brinden sus datos personales, les recaiga una imputación penal por usurpación. Otros, un poco más alarmistas hasta sienten miedo de que les quiten a sus hijos. Son cosas que se escuchan en los campamentos al ser comentadas en voz baja por los protagonistas, quienes comparten sus vivencias en medio de esos desolados paisajes.

Pero la realidad indica que los delegados también se sintieron amenazados en algún momento y ante esta circunstancia decidieron pedir asesoría jurídica con abogados conocidos, antes de avanzar con los procesos de negociación.

Superada esta instancia, asumieron el rol de representar a los grupos de personas que fueron organizándose por sectores.

Primero eran diez, luego llegaron a 20, y ayer ya ascendían a 25 los urgidos por sus compañeros.

Es que los campamentos okupas no se quedaron sólo en el Pirayuí, ya que sus dominios se extendieron con mucha rapidez hacia los límites de los barrios Fray José de la Quintana y Doctor Montaña.

La diferencia en todos los casos se da por la propiedad de esos terrenos. Por un lado, son empresas privadas, nucleadas en bienes raíces y por otro, serían fiscales. El avance de la investigación seguramente arrojará luz sobre muchos de estos aspectos que por el momento se mantiene en la nebulosa, formada por la desconfianza y la duda.

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