Guido Bravlasky, corresponsal de Nuevo Diario, desde Buenos Aires en la Casa Rosada. El Gobierno quiere anticiparse a la discusión en el Senado por la inseguridad en el país.
El Censo permitirá saber cuántos somos y cómo vivimos, qué tenemos y qué necesitamos. Proveerá información clave para saber cómo está el país y orientar las políticas de salud, empleo y educación, entre otras. Este Censo 2010 será el noveno en la historia del país (el primero fue en 1869, en la presidencia de Sarmiento). El último se realizó en 2001 y arrojó que éramos entonces 36.260.130 de argentinos.
“(El Censo) es la movilización civil de mayor envergadura que encara un país, por la cantidad de recursos humanos y materiales que involucra”, afirma su página de Internet oficial.
Para ejemplificar basta un número: habrá 650 mil censistas, con participación de todos los ministerios, el Indec y las direcciones provinciales de estadísticas. El 20 de diciembre de 2010 se conocerán los resultados preliminares y, un año después, los resultados definitivos, en los que se abrevará durante una década en todas las investigaciones vinculadas al tema.
En las próximas semanas, seguramente, en forma paulatina, el Censo 2010 empezará a ganar los espacios que merece. Entretanto, la agenda política y mediática sigue dominada por temas no menos relevantes, si bien más ligados a la coyuntura.
Seguridad
En este sentido, la discusión por la seguridad vuelve a ganar lugar, empujada por la media sanción en Diputados al proyecto contra las salideras bancarias, y por un fuerte discurso de Néstor Kirchner el jueves, que tanto da que hablar todavía por la cuestión de “las manos atadas” del gobernador Daniel Scioli.
Frente al supuesto reto de Kirchner por esa frase, desde el Gobierno salieron a cerrar al asegurar que el gobernador se había referido a que la Justicia es la que le ata las manos. Eduardo Duhalde y el PJ disidente, ni lerdos ni perezosos, salieron rápido a tentar a Scioli, tratando de explotar la supuesta desavenencia entre Kirchner y el ex motonauta.
El Gobierno buscará también anticiparse a la discusión por la seguridad que se viene ahora en el Senado, donde deberá tratarse la media sanción de Diputados al proyecto opositor sobre salideras bancarias.
El vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, sostuvo que “no es necesaria” esa ley, porque están “vigentes” las medidas de seguridad que se han propuesto.
El mejoramiento de las cámaras de circuitos cerrados y las barreras visuales para impedir que se sepa qué se está haciendo en las cajas son algunas de las disposiciones que deberán estar implementadas en 90 días en Capital Federal y el Gran Buenos Aires y en 180 en el resto del país.




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