El censo, que comenzó a implementarse en el país en 2009, tiene como objetivo principal conocer la situación socio económica actual de los ex presos políticos del período comprendido entre 1955 y 1983.
Este censo comenzó a implementarse en el país a partir de enero de 2009 y tiene como fin conocer la situación que puedan estar atrevasando actualmente los ex presos políticos, desde el punto vista económico, social, familiar, de vivienda y trabajo.
“Cuando terminos el censo vamos a poder solicitar reparaciones concretas y directas, independiente de la reparación nacional”, dijo Regalado, quién agregó que “para fines del año próximo se estima que se habrá censado todo el país”.
El Registro de ex presos políticos funciona en el ámbito de la Dirección de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Según Regalado, “hay entre 10.000 y 12.000 ex presos políticos durante la última dictadura militar”, sin embargo no se maneja un número de los ex presos políticos anteriores al período comprendido entre 1976 y 1983.
El Registro define al preso político como toda persona, cualquiera sea
su nacionalidad, que hubiera permanecido en prisiones legales o clandestinas, sometida a la justicia provincial o federal, a tribunales militares o a disposición del Poder Ejecutivo por razones ideológicas, políticas, gremiales o religiosas en el período 1955-1983.
“Este tema es una deuda pendiente de la democracia. Siempre se habló de desaparecidos, nunca de ex presos políticos. A partir del gobierno de Néstor Kirchner y con la presión política de la Asociación Nacional de ex presos políticos, la figura de éstos comenzó a tener mayor importancia porque se empezaron a abrir los juicios por la verdad donde los ex presos políticos podían testificar y ser querellantes. El preso político se convirtió en un nuevo actor en la política de derechos humanos”, comentó Hugo Regalado.
El objetivo de este Registro no solamente es conocer los ex presos políticos que existen en Argentina, sino también que reciban un resarcimiento por parte del Estado Nacional.
Paralelamente a este Registro, existe un proyecto de ley destinado a dar una pensión universal a todos los ex presos políticos o sus familiares, en el caso de los fallecidos, de nuestro país.
Dicho proyecto fue votado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja del Congreso de la Nación y en estos momentos está en Previsión y Presupuesto.


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