Lo había anunciado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 31 de mayo y un día después la resolución apareció publicada en el Boletín Oficial. Desde allí comenzó una espera de largos 90 días hábiles que finalizará el lunes 15 de octubre próximo, día desde el que las empresas de telefonía móvil se verán impedidas de facturar a sus abonados el tiempo de espera, es decir el lapso entre que se marca el número y la respuesta efectiva del receptor.

“El tiempo de tasación de las llamadas originadas en usuarios de servicios móviles comenzará desde el momento que el abonado llamado contesta directamente o por medio de una casilla de mensajes, hasta el momento en que finaliza la comunicación”, se establece en el artículo 1 de la resolución 45/2012.

“El 15 de octubre se agota el tiempo que tienen las empresas para adecuarse a la resolución”, le confirmó a Día a Día un vocero de la Secretaría de Comunicaciones (Secom). Además, la fuente contó que a partir de ese momento, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) “controlará a las licenciatarias” para que en el caso que haya alguna cobrando esas llamadas inconclusas deje de hacerlo. Y no descartaron sanciones para las incumplidores.

“Actualmente se cobran desde que comienza el pi pi pi”, había graficado Cristina al informar sobre la nueva normativa.

Las compañías no cobran nada en caso de que al teléfono receptor esté ocupado, apagado o fuera del área de servicio.

Cómo facturan. Aunque tardía, la citada resolución aborda un aspecto que, ante la diversidad de criterios adoptados por las distintas empresas (la mayoría sólo cobra estos cargos a los clientes que cargan tarjetas) y los reiterados reclamos de los consumidores, necesitaba una regulación.

Según se afirma en los considerandos de la norma, Telefónica –opera a través de la marca Movistar– factura las comunicaciones “desde que la señal de llamada supera los 30 segundos y hasta que el cliente corta debido a la falta de respuesta”.

En el caso de Claro, la Secom dijo que Compañía de Teléfonos del Interior S.A. le informó que cobra el tiempo de espera se concrete o no la comunicación. Y argumentó que lo hace ya que esta acción lleva asociada la utilización de recursos de red (canales de aire, facilidades de conmutación y ruteo).

Desde esa compañía, a través de un comunicado, se informó: “Los cobros a todos nuestros clientes prepago y a la mayoría de nuestros clientes post pago, se realizan desde el momento en que la llamada es contestada. Tan sólo un porcentaje minoritario de nuestros clientes con planes post pago tienen otra modalidad de tasación”.

En busca de mostrar equidades con la telefonía tradicional, la norma señala que la Gerencia de Control de la CNC elevó a las autoridades un informe en el que se aclara que en las redes de telefonía fija nunca fueron facturados los recursos utilizados para el establecimiento de una comunicación durante los intentos de llamada.

Cuánto se puede ahorrar. Las entidades que defienden a los consumidores coincidieron en celebrar la resolución. Para la agrupación Unión de Usuarios y Consumidores, la medida puede “generar un ahorro en la factura mensual del 10 por ciento”, aunque advirtieron que eso “dependerá del tipo de usuario: para que el hace llamadas largas, el tiempo de espera incide menos en la factura final que para el que hace llamadas cortas”.

El Gobierno sale a jugar

La semana pasada, el Ejecutivo nacional anuló la licitación de una parte del espectro y anunció que entrará en el mercado de la telefonía celular en donde los principales operadores son Claro, Personal, Movistar y Nextel.