Morales presentó en esta ciudad el informe 2010 sobre Derechos Humanos en Argentina y -entre otras cosas, como los juicios contra represores y la ley de medios- se refirió a la sentencia que condenó a seis efectivos de la Unidad Penal 11y absolvió a otros 21. En el caso, ocurrido en la U11 de Neuquén en abril de 2004, si bien se comprobaron vejaciones, los jueces no pudieron verificar que hubiera habido torturas.

"Fuimos comprobando a lo largo de la elaboración del informe, que los jueces no pueden comprobar situaciones de tortura. Priorizan favorecer a funcionarios judiciales o penitenciarios. Creo que este es un tema muy sensible que merece una revisión", sostuvo Morales a "Río Negro".

En ese contexto, consideró que los jueces "tienen que dar un resultado positivo para las víctimas y para las personas que fueron sometidas a este tipo de procesos o este tipo de situaciones. Esta sentencia no da una respuesta no repara esa situación que vivió concretamente esa persona".

El abogado del CELS dijo que el informe sobre la situación de Derechos Humanos en Argentina da cuenta de situaciones de tortura en las provincias de Buenos Aires y Mendoza, "donde no hay capacidad para investigarlas".

"Es un dato lamentable que en Argentina no haya procedimientos efectivos para determinar la responsabilidad en materia de tortura. En algunos casos está dado por la poca predisposición de los jueces de avanzar en ese tipo de investigaciones y en otras situaciones hay poca capacidad para recolectar pruebas fundamentales en el momento de los hechos o en los días siguientes", afirmó Morales.

Para el letrado otro de los problemas está en la "poca valoración de las pruebas por parte de los jueces a la hora de establecer las responsabilidades penales. Un dato relevante es que Argentina es parte del protocolo para la prevención de la tortura. Este protocolo no está implementado ni a nivel federal ni a nivel provincial: sólo la provincia de El Chaco tiene implementado un protocolo contra la tortura", concluyó.