Con especial atención, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) observa el proceso que podría derivar en la inhabilitación del concejal electo Carlos Grandón para asumir su banca, debido a que su pasado como director de Comisiones de Fomento durante la última dictadura, contraviene lo normado en un artículo de la Carta Orgánica que prohíbe ejercer cargos electivos a quienes hayan cumplido roles de responsabilidad en gobiernos anticonstitucionales.

Ayer, las nuevas autoridades del Concejo y del Tribunal de Cuentas recibieron sus diplomas, pero esta tarde, la comisión de Poderes podrá determinar que el electo edil peperreísta no está en condiciones de asumir. Grandón deberá esperar un fallo judicial que lo favorezca.

En ese marco, se incorporará a la discusión una nota remitida por el CELS, con un documento adjunto sobre "Regulación legal de la prohibición de acceder a la función pública de los autores de los actos de fuerza contra el sistema democrático".

Ese texto de varias páginas, fue desarrollado durante 2008 y fue presentado ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos en ocasión de la discusión de diversos proyectos de ley para limitar el acceso de personas vinculadas con graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

En el documento en cuestión se analizan los antecedentes jurídicos del derecho internacional de los derechos humanos que justifican la existencia de este tipo de normas y los procedimientos adecuados que se deben desarrollar para la concreción de las inhabilitaciones.

La nota, remitida al presidente del CD electo, José Luis Foulkes, es suscripta por el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.