"La detención de esta obra es un logro del pueblo tucumano, que se propuso ponerle límite a un gobierno que desoye las opiniones de quienes no piensan igual que él", con esta frase, la legisladora radical Silvia Elías de Pérez sintetizó su parecer en razón de la parálisis en la instalación de la planta transformadora de energía que se radicará en calle Ayacucho 266, pleno barrio Sur de la Capital.
La decisión del Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) de posponer la concreción de la estructura en cuestión hasta tanto se lleve a cabo una nueva audiencia pública para informar a la ciudadanía sobre las características de la obra, fue celebrada por la parlamentaria.
Adujo que esta situación fue impulsada por el rápido accionar de la ciudadanía que demostró su malestar al alegar posibles consecuencias en la salud de las personas debido a la radiación de ondas electromagnéticas. Por ello, el viernes último se realizó una presentación judicial en los estrados provinciales donde se peticionó, a partir de un amparo colectivo, el cese de los trabajos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
"Este es un mensaje de esperanza para la sociedad tucumana, porque desde hace un tiempo miramos perplejos cómo este gobierno incumple las normas con las que no está de acuerdo o no le convienen, ignora lo que piensan los demás y para lograrlo usa como herramienta el miedo o la mayoría que circunstancialmente le dio la ciudadanía en las urnas. Los tucumanos no le firmaron un cheque en blanco al gobernador, y eso empieza a quedar en evidencia", aseveró la correligionaria.
A su vez, adujo que la actual situación de la planta transformadora es uno de los puntos neurálgicos de un largo camino, que se ha venido construyendo con acompañamiento del oficialismo, tanto desde la Legislatura como el Concejo Deliberante. Como se recordará, la habilitación de esta obra fue dada por la mayoría justicialista del órgano deliberativo de la Capital al establecer una excepción al Código de Planeamiento Urbano.
Con la decisión del ENRE, por lo menos las obras estarán paralizadas hasta noviembre, momento en el que se llevará a cabo la nueva audiencia.
"No se puede hablar de democracia cuando los encargados de velar por el cumplimiento de las leyes son quienes las violan. No se pueden anteponer argumentos de naturaleza económica cuando existe la posibilidad de que se encuentre en juego la vida de las personas. Si la política no es comprendida como un instrumento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y se la limita su visión a un juego de poder, hay algo que no está bien", concluyó Elías de Pérez.
Comentá la nota