RIO DE JANEIRO.- Las acusaciones de corrupción en Brasil ya costaron el cargo a seis de los siete ministros que fueron obligados a dejar el gobierno de Dilma Rousseff. Sin embargo, tras la renuncia del ministro de Trabajo , la presidenta no dio ayer señales de temer el enojo de su base aliada y exigió explicaciones a otro de los miembros de su gabinete sospechado de tráfico de influencias.

Luego de que, acorralado por las denuncias, el ministro de Trabajo, Carlos Lupi, presentó anteayer su renuncia, Rousseff pidió a uno de sus más cercanos asesores, el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel, que esclarezca las acusaciones que el diario O Globo lanzó en su contra.

Según el periódico carioca, después de haber sido alcalde de Belo Horizonte (2002-2009), Pimentel fue consultor de empresas a las que este año se les otorgaron millonarios contratos con ese municipio. La oposición, liderada por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), advirtió que detrás de esas labores, por las que el ahora ministro recibió unos 1,2 millones de dólares, se esconde la posibilidad de tráfico de influencias.

Aunque Pimentel afirmó que no cometió ninguna acción ilegal, Rousseff le pidió que diera "explicaciones claras", para evitar más sospechas que lo desgasten.

Similares acusaciones fueron las que, en mayo pasado, dispararon la caída del entonces jefe de gabinete, Antonio Palocci, uno de los hombres de mayor confianza de la presidenta y ministro de Economía durante el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.

Mientras tanto, la cúpula del Partido Democrático Laborista (PDT), al que pertenece Lupi, afirmó que se mantendrá dentro de la coalición gobernante encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT), aunque algunos de sus dirigentes esbozaron una advertencia a la mandataria, quien en lugar de designar a otro político de sus filas frente al Ministerio de Trabajo colocó a un cuadro técnico, el secretario ejecutivo de la cartera, Paulo dos Santos Pinto.

"Esto depende de Dilma. Yo abogaré por que el partido siga en el gobierno. Ella tiene que medir las consecuencias", indicó el diputado Paulo Pereira da Silva, quien además de ser una de las figuras más importantes dentro del PDT preside la agrupación Fuerza Sindical, la segunda confederación gremial del país.

Siete ministros afuera

Lupi se convirtió anteayer en el séptimo ministro en alejarse del gobierno. Antes que él se habían ido Palocci y los ministros de Transportes (Alfredo Nascimento), Agricultura (Wagner Rossi), Defensa (Nelson Jobim), Turismo (Pedro Novais), y Deportes (Orlando Silva). Salvo Jobim, que fue obligado a renunciar por haber criticado públicamente a dos colegas del gabinete, los demás enfrentaron denuncias de corrupción de parte de la prensa.

Los medios brasileños han aplaudido la "limpieza" de Rousseff, mientras que la sociedad ha dado muestras de su respaldo a través de varias manifestaciones masivas en contra de la corrupción. "Es una serial killer [asesina serial]", comentó ayer Gilberto Dimenstein, columnista del diario Folha de S. Paulo.

"Existe la percepción en la sociedad de que Dilma tiene una menor tolerancia frente a la corrupción que la que tenía Lula, de quien heredó a la mayoría de los ministros acusados. Pero cada ministro que cae es una fuente de inestabilidad para el gobierno, que puede terminar desgastándolo mucho", señaló a La Nacion el analista político Rafael Cortez, de la consultora Tendencias, en San Pablo.

Para Cortez, la presidenta, que asumió el poder el 1º de enero con una base aliada ya montada por Lula, tiene la oportunidad de darle su impronta al gabinete en la anunciada reforma ministerial que realizará en enero. Se espera que entonces no sólo cambie de figuras sino que además unifique varios de los 37 ministerios.

"Tiene que tener cuidado y mantener un delicado equilibrio con todos los miembros de la coalición. Hasta ahora ningún partido quiso hacerle frente porque ella adquirió mucha popularidad con esta cruzada anticorrupción e ir en su contra podría tener efectos electorales negativos para los partidos menores. Pero Dilma no puede permitirse que la salida de ministros sea vista como errores en su elección de los funcionarios, como problemas en su gestión", dijo, por su parte, David Fleischer, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia.

Por otra parte, la sociedad tiene sus límites, y espera que más allá de la purga de corruptos la presidenta haga cambios mayores.

"Sigue sin resolverse estructuralmente el problema de la corrupción. Una reforma política es fundamental, pero no hay un movimiento en ese sentido", apuntó el politólogo Carlos Eduardo Martins, de la Universidad Federal de Río de Janeiro..