Se sumó hoy en la Corte una nueva causa sobre la reelección de los intendentes justicialistas. La demanda proviene, en este caso, de Alejandro Cazabán, precandidato a intendente del Partido Renovador Federal, quien, al igual que el Gobierno provincial, pidió la suspensión de los comicios en esa comuna.

La denuncia ingresó esta mañana a la Sala Primera de la Corte, que está integrada por los ministros Pedro Llorente, Julio Gómez y Dalmiro Garay.

"La igualdad entre los pre candidatos se encuentra seriamente dañada", explica el texto, el cual señala que mientras Cazabán se encuentra "íntegro", el actual intendente (Emir Félix) está "inhabilitado constitucionalmente".

También afirma la denuncia que hay "irreparabilidad del daño para el particular interesado en la suspensión (Cazabán) o peligro en la demora". Al respecto, se agrega en otro punto que Cazabán podría perder "definitivamente" la posibilidad de conseguir en las PASO los votos necesarios para acceder a la elección general. 

Otro concepto manejado en la denuncia es que "vamos camino a la ocupación de facto de un cargo electivo, tal como hace 11 años ocurriera con los senadores Da Rold y Giacomelli, a quienes la Justicia permitió inicialmente el ejercicio de un cargo ilegítimamente ganado, aún perdiendo el pleito, cuatro años más tarde".

En San Rafael, así como en otras tres comunas conducidas por el PJ, hay elecciones anticipadas el 28 de abril. El sábado pasado, el ex funcionario del PJ se sumó a la oferta de precandidatos por el partido de Guillermo Pereyra y casi de inmediato pidió la suspensión de los comicios.

Lo mismo había reclamado el Poder Ejecutivo, primero en el marco de la medida cautelar que salió a favor de los intendentes del PJ y luego en una nota por fuera de la causa judicial que envió el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri.

La cautelar que permitió a los intendentes anotarse como pre candidatos correspondió a la Sala Segunda de la Corte, pero Cazabán hizo que entrara en juego la otra sala.

A la par, el plenario de ministros tiene intervención en la denuncia original de los intendentes, que busca la inconstitucionalidad de la promulgación de la enmienda que limitó los mandatos de los jefes comunales.