Es la causa por el cobro de boletas de monotributistas supuestamente de manera irregular, y que hacía tres años que "dormía" en los juzgados de General Acha. Esta acusación es una de las tantas contra Bravo que tramitan los magistrados de esa ciudad y que podrían activarse en los próximos meses.

Fuentes de los tribunales de esa ciudad indicaron que el operativo ordenado por el juez Manuel Alvarez y que llevó a cabo en el más absoluto secreto la policía veinticinqueña, fue para secuestrar dos balances del año 2009 que serían fundamentales para determinar de qué manera se cobraron boletas que alcanzan los 4.000 y 4.500 pesos. La causa fue denunciada por la entonces concejal Miriam González en el año 2009 y lleva como número de expediente el 328. En un primer momento, y cómo trascendió erróneamente ayer de parte de fuentes policiales, se creyó que el operativo había sido por la causa denunciada por el Banco de La Pampa por el cobro irregular por empleados del municipio de más de mil cheques de la intendencia por 900.000 pesos, que en parte habría ido a parar a manos de Bravo y el ex concejal Ulises Traverso, empleado de esa entidad financiera.

De acuerdo a las fuentes consultadas en 25 de Mayo, la denuncia realizada por la ex concejal González indicaba que el Ejecutivo de 25 de Mayo estaba usando talonarios de monotributistas para hacer facturaciones, pero que los montos no eran abonados a los beneficiarios. Hubo varios testimonios, de los propietarios de los documentos, que habrían ratificado en su momento ante la justicia que habían dejado los talonarios en el municipio y que no habían sido ellos quienes realizaron facturas.

Del primer período de Bravo al frente de la comuna (2007-2011) hay varias denuncias realizadas en los tribunales achenses que todavía están en trámite, y que podrían activarse en los próximos meses. Por ejemplo, los préstamos a la diputada provincial Mariana Baudino y diferentes causas por supuesta falta de deberes de funcionario público con el caso de los aumentos de tasas sin habilitación del Concejo Deliberante, de no presentar los balances en tiempo y forma o no haber pedido autorización al cuerpo para hacer el asfaltado, entre otras. Además de González, figuran como denunciantes en varios de los expedientes los ex ediles opositores Jésica Suárez, Alejandro Ortega, Darío Jiménez y Angel López.

Por su parte, Bravo tiene pendiente un juicio oral y público en el caso de "abuso de autoridad" por haber habilitado de manera irregular un cabaret en esa localidad, en el que luego se comprobó hubo un caso de trata de personas. Hace pocas semanas el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) le negó una probation y lo colocó cerca de afrontar el proceso.