Cabe destacar además que en dicha causa "se encuentra sospechada la actuación de una serie de arquitectos, quienes se desempeñaban como auditores del Instituto Provincial de la Vivienda y habrían firmado certificados falsos para que el organismo de financiación continuara girando los fondos a la UOCRA Mar del Plata. En ese sentido, se encuentran citados a juicio por fraude y falsificación de instrumento público José Luis Aloisi, Mario Oscar Aued, Norberto Lemmi y María Marta Alconada, todos ellos por llevar a error al organismo al confeccionar y presentar presupuestos de construcción con cómputos falsos, certificados de avance de obra que no se correspondían con la realidad y certificados de final de obra, cuando las casas no se encontraban terminadas".

Por ello, la legisladora marplatense reclamó al Ejecutivo Bonaerense -a través del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IPV) y del Ministerio de Infraestructura- conocer si citados funcionarios prestaron o continúan prestando servicios en esa repartición provincial, al tiempo si independientemente de la actuación de los mismos, el IPV ha realizado inspecciones al complejo habitacional en cuestión y si ha recibido denuncias de los beneficiarios del plan.

Finalmente, la diputada solicitó saber el monto total de dinero aportado por la Provincia de Buenos Aires para financiar la construcción del complejo habitacional.

Al referirse a esta situación, García indicó que "en el marco del programa bonaerense Solidaridad, la provincia debía financiar un complejo habitacional de unidades. Los acusados son los hermanos Jorge y César Trujillo, junto con Héctor Sinecio Vargas, quienes ocupaban los cargos de secretario general, secretario adjunto y secretario de Finanzas y tesorero de la UOCRA. Ellos habrían suscripto el convenio violando sus deberes, y sin contar con autorización del organismo central. La denuncia, realizada en 1999, indicaba que los nombrados obtuvieron a través de maniobras fraudulentas un lucro indebido, toda vez que recibieron del Instituto de la Vivienda la suma de $ 677.342, cuando el valor global de las viviendas construidas es de $ 196.787. Es necesario considerar que los valores mencionados datan de una fecha en que regía paridad uno a uno entre pesos y dólares".

"Transcurrido el tiempo, las casas en cuestión fueron entregadas sin terminar, y realizadas con materiales de inferior calidad que los presupuestados. Se sabe que no contrataron mano de obra específica, y que además muchos de los adjudicatarios debieron pagar una suma de dinero mensual a los administradores de los fondos, cosa que no estaba prevista en el convenio. Numerosas pericias han demostrado que algunas viviendas no tenían escalera, sanitarios, grifería ni cañerías de gas y agua. Los gastos de finalización corrieron por cuenta de cada propietario. A punto tal que, una pericia entregada refiere en tal sentido: Detalle del estado y la calidad de materiales y conexión de gas. La cañería de gas está realizada en caño negro antirreglamentario, cuando debió ejecutarse en caño galvanizado aprobado por la empresa de gas, y según lo proyectado por el arquitecto a cargo. Se deja constancia de que el material empleado es fácilmente degradable" agregó la legisladora del CONFE en una gacetilla de prensa.

Finalmente, García subrayó: "Resulta llamativo que, tratándose de la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, el Gobierno provincial se encuentre ausente y pretenda desentenderse de la situación, ya que no se ha presentado como particular damnificado, máxime cuando es función del Instituto de la Vivienda promover una Política Habitacional activa a través de la ejecución de Programas que tiendan a satisfacer la demanda de los sectores más fragilizados, con el fin de constituir un hábitat digno, dotado de servicios y sin riesgo ambiental que contribuya al desarrollo de nuestra Provincia. En la construcción del complejo de viviendas en la ciudad de Miramar, no sólo se han cometido delitos que afectan patrimonialmente a la administración pública, sino que se han visto cercenados los derechos de muchos vecinos de dicha localidad, en cuanto a la finalidad enunciada por el Instituto".