La agrupación HIJOS de Córdoba se constituyó como patrocinadora de algunas familias de las víctimas de la UP1. De este modo, les facilitó asesoramiento legal a quienes querellan por las muertes de José Alberto Svagusa, Miguel Mozé, Pablo Balustra y José Funes. “En esta causa se puede ver el accionar de la represión desde todos los involucrados: policías, civiles, sector judicial, generales de Buenos Aires y de Córdoba”, explicó Emiliano Fessia, uno de los máximos referentes de la organización.

Fessia indicó, en diálogo con PUNTAL, que el equipo jurídico de HIJOS está llevando estas causas, entre las que se encuentra la del joven Svagusa que vivió en nuestra ciudad (nacido en Monte Maíz y asesinado el 17 de mayo de 1976). “No es menor que este juicio tenga tremenda dimensión, más allá de que se pueda ver a (Jorge Rafael) Videla y a (Luciano Benjamín) Menéndez sentados juntos, pues también hay imputados hombres pesados de la provincia y de la 4ª Brigada de Transportada”, señaló sobre los acusados en la causa.

El referente de la agrupación de Derechos Humanos consideró que desde el comienzo de las audiencias, el pasado viernes, vio “la sensación de tranquilidad en la gente, de que la lucha nos ha marcado como sociedad, porque aquí los acusados tienen todos sus derechos”, sostuvo. Luego agregó: “A uno le da bronca que sean juzgados en estas condiciones, pero ellos no pueden decir que son presos políticos”.

El militante destacó que el juicio a los represores se realice en un marco que no se les dio a las personas que murieron durante la

última dictadura militar. No obstante, insistió en que esto sólo se puede lograr en un marco de consolidación del funcionamiento de la Justicia, “donde se les respeta a todos sus garantías”, dijo.

Las familias

Fessia destacó otra arista que favorece a los imputados por los crímenes en la Unidad Penitenciaria Nº 1, respecto de la posibilidad de tener contacto con Proxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 s familiares a lo largo de todo el juicio. “Algo que caracteriza a esta causa es que no sólo sufrieron los detenidos sino también las familias, que no podían tener un contacto con ellos y que no sabían cuál era su estado”, indicó.

- Familiares de los imputados agredieron a los de las víctimas, incluso se vivió un momento tenso cuando desplegaron una bandera argentina para tapar a los acusados.

- Así es, lo que sucede es que ellos se quieren aprovechar de símbolos que son de todos, como es la bandera. Muchos nacimos y crecimos relacionándola con su golpe. De todas formas, ellos lejos de salvar a la patria, la destruyeron.

En el juicio se han unificado las causas UP1 y Gontero. En la primera, se intenta esclarecer la muerte de 29 personas en la cárcel de San Martín, entre las que se encuentran tres personas que están muy vinculadas a nuestra ciudad: además de Svagusa, Miguel Vaca Narvaja y Raúl Bauducco (aunque también tuvieron contacto con Río Cuarto Gustavo De Breuil y Oscar Hubert).

- ¿Qué particularidad tiene esta causa en relación a otras que ya han sido juzgadas?

- Es una causa que muestra la intención de exterminio, porque eran presos que se encontraban blanqueados y aún así los fusilaron. Además, se ve una importante complicidad de lo que era el poder Judicial, como sucedió en las órdenes de traslado donde se fusiló a los presos. Si bien todas las causas tienen esta arista, en ésta saltan claramente a la luz.

Como se indicó, HIJOS acompaña a la familia de Svagusa pero también a la de Balustra y Mozé, dos militantes que tenían una importante respuesta de las personas que los acompañaban. “Estos fusilamientos impactaron en toda la sociedad”, sostuvo Fessia y agregó: “Era el mensaje que les daba la dictadura a todos los argentinos, que no participaran, que no se involucraran”.

Causa Gontero

Finalmente, el representante de HIJOS destacó la importancia de la causa Gontero, que acompaña a la de la UP1, porque allí las víctimas fueron policías acusados de “subversivos” durante el golpe. “Eso muestra el grado de violencia que se vivió en la dictadura, porque con esto se rompe con la creencia de la subversión, porque fueron policías torturados por otros policías”, sostuvo el militante de los Derechos Humanos.

Videla asumió la responsabilidad de la represión del Ejército en el golpe

Los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez asumieron la “responsabilidad” de los hechos represivos cometidos durante la dictadura militar, al declarar ante el tribunal que tiene a cargo el proceso de enjuiciamiento por los delitos de lesa humanidad por los que son juzgados.

“Reitero y asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses en todo lo actuado por el Ejército Argentino en la guerra en contra de los subversivos”, sostuvo Videla y añadió: “Los subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes”.

Al declarar en la segunda jornada del juicio oral y público por los hechos de las causas UP1 Y Gontero resaltó: “siempre reconocí las directivas que impartí en el pleno ejercicio de las facultades delegadas por las doctrinas vigentes”.

En otro tramo planteó que el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) “carece de competencia y jurisdicción” para juzgarme, al sostener que por su condición y por tratarse de hechos de guerra, la competencia es de la Justicia Militar.

Menéndez, como ya hizo en otros juicios, se negó a declarar y repitió el discurso del planteo de “inconstitucionalidad” del Tribunal para juzgar la “guerra para vencer al terrorismo marxista que había asaltado nuestra patria”, y se declaró “único responsable de los actos” de sus subordinados.

La mayoría de los imputados negaron los cargos en sus declaraciones y plantearon los mismos argumentos que Videla y Menéndez.

Segunda jornada

La jornada abrió con la verificación de los datos y la situación personal de cada uno de los imputados, luego se dio lectura a la plataforma fáctica que contiene los delitos y la descripción de cómo se cometieron los hechos que fueron concebidos mediante un “plan implementado a nivel nacional con el alegado propósito de aniquilar a la denominada subversión”.

En ese plan se ubica como máximo responsable al entonces jefe del Ejército Argentino y presidente de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, y en Córdoba al para esa época comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, a través del Area 311, que comprendía a otras provincias.

En Córdoba, el represor Menéndez era quien lideraba la cadena de mandos que se concentraba en la Comunidad Informativa y desde ese ámbito se impartían las directivas a seguir en contra de la denominada “guerra antisubversiva”.

Si bien el “accionar de aniquilamiento” comenzó a planificarse y a ejecutarse ya en 1974, fue con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 cuando el “terrorismo de Estado avasalla las garantías constitucionales e intensifica este accionar anormal y clandestino”, sostiene un párrafo del texto judicial que relata los hechos ocurridos.

Añade que “el plan sistemático de aniquilamiento se había puesto en marcha para terminar con los grupos sociales antagónicos, utilizando toda la estructura militar, policial, de las cárceles y de otras instituciones para secuestrar personas y alojarlas en centros clandestinos”.

En ese sentido menciona a los 31 presos políticos que estaban alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín de la ciudad de Córdoba, uno de los dos casos que se juzgan en este juicio, a quienes luego asesinan simulando situaciones de fuga para justificar los fusilamientos.

Previamente, estos presos, que estaban a disposición del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Nacional de facto (PEN), fueron mantenidos en “condiciones infrahumanas, incomunicados, maniatados, con los ojos vendados, sin atención médica ni sanitaria”.

También se les aplicaron tormentos mediante “golpes en zonas sensibles, vejaciones sexuales, torturas físicas” en sus formas más crueles, lo mismo que “torturas psicológicas” mediante amenazas de muerte y simulacros de fusilamientos.

El caso Gontero, en tanto, se imputa la “privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos”.