El jefe de Gobierno fue sobreseído por la Justicia en la causa que investiga los delitos de lesiones, amenazas y coacción agravada cometidos por empleados de la Unidad de Control del Espacio Público contra personas en situación de calle. El organismo fue disuelto en 2009 luego de una catarata de denuncias.
A poco tiempo de ser creada -octubre de 2008- la UCEP comenzó a ser denunciada por la Defensoría del Pueblo, partidos opositores, periodistas, vecinos y personas sin techo damnificadas, por ejercer violencia física y verbal contra indigentes y sustraerles sus pertenencias.
Mauricio Macri.
Mauricio Macri.
Supuestamente, el organismo había sido creado para "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión" e "intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público".
En noviembre de 2009, tras una catarata de denuncias, Macri anunció que la UCEP sería disuelta y sus empleados serían redistribuidos en otras áreas.
Al ser indagado en junio pasado por la jueza María Fontbona de Pombo, a cargo de la causa, el jefe de Gobierno negó los cargos -delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público- y presentó un "escrito técnico" en el que se mencionaban las funciones y atribuciones que tenía la disuelta UCEP.
Allí, Macri defendió la "validez de los decretos de formación de la UCEP", que constituyen el punto de inicio de la investigación y explicó que era "un organismo preestablecido" y defendió su formación. Sostuvo además que su disolución no estuvo vinculada con las denuncias de malos tratos sino con una reforma organizativa en su gobierno.
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