En el escrito se le pide a la Fiscalía de Estado de La Pampa que "inicie las acciones legales pertinentes para reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que ocasionaron con su accionar delictivo", por lo tanto se intentará que devuelvan el dinero que la Justicia comprobó habían sustraído.

Los decretos, además, confirmaron lo que LA ARENA publicó en su edición del 2 de julio respecto a que Rodríguez de Tieri, García y D'Amico serían echados como empleados del Instituto, rechazando las renuncias que presentaron oportunamente.

La novedad, entonces, fue la decisión de Jorge de que se intente que los ex empleados condenados devuelvan el dinero.

Vale recordar que Cono D'Amico se desempeñaba como jefe de Compras y Licitaciones del IPAV mientras que García era el tesorero. En 2007, la Cámara en lo Criminal 1 condenó a García a dos años de prisión e inhabilitación perpetua por hallarlo culpable de los delitos de peculado (sustracción de caudales públicos) y cohecho (pago de coimas) en la causa por un desvío total de 960.456,21 pesos.

D'amico, que también era presidente del Club Rucalén, fue condenado a un año de prisión como partícipe secundario del peculado. En cuanto a Rodríguez de Tieri, ex jefa del área contable del Instituto, se la condenó a tres años de prisión e inhabilitación perpetua por peculado. La condena para los ex funcionarios provinciales fue confirmada hace un año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los decretos que firmó Jorge, tal como adelantó este diario, son los 596, 597 y 598 y tienen fecha del 13 de julio de este año. También se aclara que quedaron sin efectos los decretos donde se aceptaban las renuncias a sus cargos oportunamente presentadas por Rodríguez de Tieri y D'Amico.

La causa es la misma por la que fueron condenados los ex jefes del IPAV, Hugo Nelson Agüero y Luis Araniz, que actualmente cumplen su pena en prisión.

Los dos fueron condenados a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos por los delitos de peculado (sustracción de caudales públicos) y cohecho (pago de coimas).

Además, el ex contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Ángel Naval, había sido condenado a un año de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 48.000 pesos por recibir coimas menores. Y finalmente Susana Beatriz Mansilla (la esposa de Araniz) había sido condenada a pagar una multa de 53.000 pesos (en cuotas mensuales de 500 pesos) por el delito de malversación culposa.

La Cámara 1 comprobó que de dos cuentas, una del Banco Hipotecario Nacional y otra de Gastos de Inspección, se desviaron 960.456,21 pesos que no ingresaron a las arcas del IPAV y con los cuales se realizaron gastos sin ningún control.