En 1999 se presentó una denuncia contra Jorge y Cesar Trujillo y Héctor Vargas por deficiencias en la construcción de un complejo habitacional en Miramar. “Se constataron innumerables deficiencias en la construcción y los adjudicatarios, al tomar las viviendas, tuvieron que invertir de su propio dinero para la mejora porque prácticamente eran inhabitables”, describió la doctora Adelina Martorela, abogada de los vecinos, en diálogo con el programa “Noticias & Protagonistas” que conduce por el periodista José Luis Jacobo.

El 8 de julio, tras once años de investigación, el juez de garantías doctor Saúl Cesar Errandonea, tomó la decisión de elevar a juicio oral la causa “tras un largo tiempo de tener la causa en estudio y tras descartar los planteos de los defensores de los imputados en cuanto a nulidades que se han planteado y en cuanto a sobreseimientos que se han pedido”, explicó Martorela.

Consultada sobre los hechos que se imputan a Jorge Trujillo, Cesar Trujillo y Héctor Vargas, la letrada sostuvo que son dos hechos vinculados con la construcción de un complejo de viviendas en Miramar. “Un hecho es que el Instituto de la Vivienda financió la construcción y la Uocra seccional Mar del Plata recibió para esa construcción 677.342 pesos, pero solo destinó a la construcción de ese complejo 196.787 pesos”, y añadió que “el segundo se refiere a la colaboración que recibió la comisión ejecutiva de la Uocra de seis arquitectos del Instituto de la Vivienda que presentaron certificados con información falsa sobre el avance de la obra”.

“Al primer hecho se lo tipificó como el delito de administración fraudulenta y el segundo, fraude a la administración pública, falsificación de instrumento público y uso de documento público falso”, continúo. y agregó que además de los integrantes de la comisión directiva de la Uocra en este último hecho están implicados seis arquitectos del Instituto provincial.

En la resolución del juez Errandonea, la doctora Martorela sostuvo que “se reconocen los hechos denunciados, les ha dado la razón a los adjudicatarios, les otorga credibilidad por sus dichos y por pruebas que los respaldan sus dichos”, referidos al estado de las viviendas al momento que fueron entregadas, ya que “se constataron innumerables deficiencias en la construcción y los adjudicatarios al tomar las viviendas tuvieron que invertir de su propio dinero para la mejora porque prácticamente eran inhabitables”. “Los adjudicatarios se tuvieron que hacer cargo de lo que no se hizo con el dinero destinado a la construcción de esas viviendas”, añadió.

En palabras de Martorela, el juez de garantías, en su resolución, reconoce la entrega del dinero por parte del Instituto de la vivienda para la construcción del complejo, la existencia de “innumerables deficiencias” en las viviendas y “relativizó las denuncias de los peritos de la parte”. Además, se estableció que “Jorge Trujillo, Cesar Trujillo y Héctor Vargas incumplieron los convenios que en su momento suscribieron con el Instituto de la Vivienda y sobre todo porque recibieron dinero por parte de los adjudicatarios dinero. Es decir, no solo recibieron dinero del Instituto de la Vivienda sino también de los mismos adjudicatarios”.

Con esta decisión de Errandonea, Martorela está conforme y “mis clientes también, luego de 11 años de investigación, ya que el juez ha analizado con objetividad el tema y las prueba que están anexadas a la causa”, finalizó.