El titular de la Fiscalía de Distrito 3 Turno 7 de los Tribunales de esta ciudad, Raúl Garzón, decidió remitir a la Fiscalía en lo Penal Económico y Anticorrupción Administrativa, la causa por el escándalo del Wi-Fi “gratuito”, que demandó pagos por al menos 24 millones de pesos de las arcas públicas, sin que el servicio se encuentre disponible para los ciudadanos.

El espinoso asunto salió a la luz por medio de una serie de artículos publicados por LA MAÑANA a partir del 19 de abril último, luego de consultar a diversas fuentes, entre ellas dos ingenieros allegados al proyecto en sus comienzos y los mismos responsables de las empresas encargadas de ejecutar los trabajos que debían “llevar Internet gratis a los 3,2 millones de cordobeses”, con un presupuesto final de 49,6 millones de pesos, según los anuncios realizados en la primera mitad de 2011 desde la Gobernación encabezada Juan Schiaretti.

El caso quedó radicado en la Justicia el 29 de mayo, a instancias del vocal del Ersep por el Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros. En los tres meses transcurridos, Garzón ordenó algunas diligencias, analizó la documentación obrante en el expediente y resolvió que sea la Fiscalía Anticorrupción Administrativa la que establezca las responsabilidades.

Entre los considerandos de su decisión, Garzón dice que “sin entrar a considerar la decisión política de llevar a cabo una determinada obra pública dentro del marco de discrecionalidad de dicha función, lo que podría constituir una ‘cuestión política no justiciable’, el caso bajo análisis, tal como fue planteado desde sus primeros pasos -proceso de licitación- hasta la actualidad, requiere una profundización en la investigación tal como sería una pericia técnica y contable en base a la documentación ya obtenida, cuanto respecto a los avances técnicos de la obra y sus costos, para determinar, en definitiva, si las conductas atribuidas en la denuncia a funcionarios públicos y empresarios resultan configurativas de delito...”.

Los que están apuntados concretamente en la denuncia son el ex gobernador Juan Schiaretti, ex directivos y actuales directivos de la Epec -que fue usada como brazo ejecutor para adjudicar (controlar los avances, certificar y pagar) la obra a la UTE conformada por IR Comunicaciones y Galander SA.

Quinteros, quien usó como material probatorio la información contenida en los informes de este medio, fue sumando sus propios elementos y dice ahora tener testigos que no tendrán inconvenientes en presentarse ante la Fiscalía Anticorrupción. “Aunque aún no se definió si aceptarán al titular de nuestro partido (Luis Juez) como querellante, vamos a ir con todo. Tendrán que explicar cómo le siguieron certificando y autorizando pagos a una UTE semanas antes que una de sus integrantes (IR Comunicaciones) se presentara en convocatoria de acreedores”, indicó.

LA MAÑANA ya había dado a conocer que después que la UTE ingresara “alrededor del 50% de los 49,6 millones” (según Carlos Galander), el otro socio y propietario de IR Comunicaciones, Marcos Saldubehere, se presentó en convocatoria de acreedores (no sin antes librar medio centenar de cheques sin fondo). Ahora que se sabe que el caso se ventilará en el fuero Anticorrupción, Quinteros presentaría allí documentación que podría comprometer más a los actuales implicados.

“Acompañaremos al fiscal prueba documental con elementos que se deberán investigar profundamente: por ejemplo, una transferencia bancaria de 50.000 pesos girados de una cuenta que sería de IR Comunicaciones a la ‘Asociación Civil Campana Intendente’ para la campaña de la fórmula de Campana/Vigo, mujer de Schiaretti. Es decir, hizo una obra que no funciona, que no le sirve a la gente, que tiene muchos defectos técnicos, pero necesita que le sigan pagando y entonces le ponen plata a determinados políticos... Bueno, que expliquen en la Justicia cómo se denomina esa acción de parte de un contratista del Estado en beneficio de quien era candidato a Intendente de UPC, pero al mismo tiempo era vicegobernador en ejercicio. Porque lo cierto es que IR siguió cobrando y después no le pagó a las pymes cordobesas a las que les compró los equipos, ni a sus propios trabajadores y se presentó en convocatoria de acreedores”, fueron algunas de las palabras del vocal del Ersep ante la consulta que se le realizó ayer desde nuestra Redacción.