Después de interminables idas y vueltas, incluso con el desestimiento del juicio abreviado que habían elegido, que después desistieron cuando conocieron el posicionamiento fiscal que los enviaba directamente a la cárcel, el caso de la maniobra dolosa en perjuicio de la Cámara del Tabaco de Salta parece encaminarse ahora a la celebración del juicio oral y público, que deberá ventilarse en la Cámara Tercera en lo Criminal.
Abogados e imputados en la causa estuvieron ayer en la Cámara del Crimen.
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Identificada con el número de expediente 2.559 / 06, la causa se remonta a comienzos de la década pasada cuando desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del Fondo Especial del Tabaco, se giraban significativas partidas de dinero que estaban destinadas a la construcción de estufas a gas para el secado del tabaco, situación que apuntaba directamente a los productores establecidos en el Valle de Lerma y de Sianca.
Pero en el trayecto, esas partidas de dinero terminaban desandando un camino que no era precisamente el ámbito de la Cámara del Tabaco. Así, la maniobra dolosa quedaba plenamente tipificada.
Alberto Martín (presidente), José Pérez Pérez (secretario), Antonio Yelamo Resina (tesorero) y Luis Adolfo Borelli (gerente), son las personas que aparecen involucradas y que deben responder por las acusaciones. Cabe señalar, que el cargo de gerente no figuraba en la estructura de la Cámara del Tabaco de Salta y su creación durante la gestión de Martín, levantó un polvaderal de sospechas, que quedaron reflejadas en ocasión de realizarse el juicio abreviado.
Susana Sálico de Martínez, fue quien llevó adelante las audiencias de aquel juicio abreviado, que quedó de lado cuando se conoció la posición de la Fiscalía , quien solicitaba una pena de tres años y cuatro meses para cada uno de los encartados.
En el desesperado afán de poner distancia de la Justicia, los defensores de los acusados dieron una vuelta de campana y solicitaron volver el caso para que sea ventilado en el juicio normal.
Ayer hubo una reunión de las autoridades de ese ámbito judicial con los abogados defensores y los propios acusados (no concurrieron todos) a los efectos de seleccionar las últimas documentaciones acercadas al Tribunal.
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