El 21 de octubre del año pasado, cuando la Cámara en lo Criminal 1 condenó a Flavia Lorena Peñalva por defraudación al Estado al cobrar 267 cheques por 624.260,42 pesos, le dio vista a la fiscalía de turno para que investigue porqué el Banco de La Pampa pagó esos documentos a pesar de que le faltaban firmas autorizantes.
Esa inhibición fue rechazada ya por otros dos jueces de instrucción, Carlos Besi y Alberto Hugo Farías. Por eso el expediente llegó a la Cámara en lo Criminal 1 para que resuelva a cuál de los tres le corresponde instruirlo. Pero, por una cuestión de competencia, la causa pasó a la Cámara en lo Criminal 2. Este tribunal se expediría en los próximos días.
Besi y Farías, cuando tomaron contacto con la causa, rechazaron la inhibición de Armagno porque entendieron que no cabía ninguna de las doce causales previstas en el Código Procesal Penal. La jueza le confirmó a este diario que se apartó por su defensa de García, pero sus pares consideraron que recurrió incorrectamente a la causal que establece que un magistrado debe inhibirse "si en el mismo proceso hubiere intervenido como funcionario del Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante o querellante". ¿Por qué? Porque el del Banco de La Pampa es otro proceso y no el mismo de Peñalva.
Cuando ésta, una ex empleada en negro del IPAV, fue condenada por los delitos de fraude agravado en perjuicio de la administración pública, falsificación de instrumento privado y falsificación de cheques oficiales, los jueces penales Hugo Díaz y Arturo Fresco y la jueza civil Graciela Martín le dieron vista a la fiscalía para que indague porqué el BLP le pagó los 267 cheques a pesar de que la condenada no tenía firma autorizada para librarlos. El tribunal expresó en el fallo que "sabiendo que aún sin ser (Peñalva) una de las personas habilitadas para firmar en las cuentas de Tesorería, en el Banco de La Pampa le aceptaban sus depósitos y/o cobro sin reparos".Durante los alegatos, Alvarez hizo alusión a ese punto al señalar que los cajeros fueron partícipes de la maniobra defraudatoria porque abonaron los documentos sin detenerse a mirar si las firmas y/o ellos eran los que correspondían. Pero ella no fue la única que habló. También lo hizo el defensor de la ex jefa de Contabilidad y Finanzas, Mirta Isabel Rodríguez, que fue absuelta. José Mario Aguerrido cuestionó al banco al expresar que no debieron abonarse cheques por al menos por 400.000 pesos porque no cumplían con las formas. "El banco incumplió con su obligación de cuidar los fondos que sus clientes le confiaron para que resguarde", sostuvo, y cuestionó que la jueza de instrucción, Verónica Fantini, no fuera más a fondo.

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