País.- Las provincias San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca avanzaron ayer en la defensa del Decreto Nacional 699 del Gobierno Nacional que extiende la Promoción Industrial, desde el punto de vista de los puestos de trabajo que la normativa genera y que puede llegar a incrementarse con el nuevo enfoque promocional a partir del empleo.
El encuentro fue encabezado por la vicegobernadora a cargo de la Gobernación, Lucía Corpacci, por ausencia del gobernador, acompañada del subsecretario de Trabajo, Jorge Zar y estuvieron presentes por San Juan, el ministro de Gobierno, Emilio Fernández y el subsecretario de Trabajo, Luis Salcedo Garay, la secretaria de Gobierno a cargo del Ministerio de Gobierno de San Luis, Gladys Bailac de Follari y el director de Relaciones Laborales Alberto Lindow y el subsecretario de Trabajo de La Rioja, Nicolás Maza.
También estuvieron presentes representantes de uniones industriales y sectores gremiales de las provincias, aunque la CGT local mandó una nota firmada por Eduardo Cabello y Enrique Castro, justificando su ausencia “por causas de fuerza mayor”.
Durante la reunión que tuvo tres horas de duración, se elaboró un documento que será llevado a consideración del Consejo Federal del Trabajo para que lo avale y se lo presente al Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, con el objetivo de que haya un pronunciamiento oficial tanto del organismo federal como del gobierno nacional en defensa de los más de 50 mil puestos de trabajo directo que hay en las cuatro provincias relacionados con la promoción.
El documento
En el papel, los ministros de las cuatro provincias expresan que “se realizarán las gestiones necesarias para la defensa del Régimen de Promoción Industrial” porque “coadyuva en la generación de condiciones estratégicas para el progreso de las actividades industriales y su rol en la generación y conservación de empleo genuino y su aporte al producto bruto geográfico y al producto bruto interno de nuestro país”.
Agregan que “disminuir las brechas de productividad entre las regiones del país ha sido una política inquebrantable del Estado Nacional, lo que redobla los compromisos de los estados provinciales respecto a sostener las estrategias de radicación de inversiones extranjeras, promover la responsabilidad social empresaria y el cuidado del medio ambiente, coordinar la cooperación entre agentes económicos, fortalecer la base empresarial de las provincias, y coordinar inversiones complementarias para integrar los polos de desarrollo aumentando su efecto multiplicador”.
Que “todo ánimo de impedir la continuidad de éste régimen, representará un perjuicio directo sobre los pueblos de las provincias incluidas” porque “son los ciudadanos los beneficiarios directos de esta política a través de su impacto en la creación y conservación de puestos de trabajo”.
Que “la radicación de las empresas importó para nuestras provincias 50.000 puestos directos de trabajo y un porcentaje superior de puestos indirectos, generando un importante crecimiento económico” y que “este crecimiento y desarrollo armónico de las economías regionales y provinciales significa lograr el arraigo de la población en los pueblos del interior”.
Por eso sostienen que gestionarán “la adhesión de nuestras provincias y de las del resto del país al decreto nacional 699/2010 en el seno del Consejo Federal del Trabajo, con el propósito de afianzar un modelo productivo y sustentable en nuestras provincias que garantice un desarrollo armónico y federal de la Nación”.
Sobre el tema el ministro de Gobierno, Emilio Fernández dijo ayer que “la diferencia de desarrollo entre provincias ricas como Mendoza y las nuestras es tan importante que es necesario que el estado disponga de medidas para generar un equilibrio”.
Destacó que “a pesar de la vigencia de la Promoción Industrial, durante estos años los indicadores de desarrollo, crecimiento económico, producto bruto interno y geográfico, densidad de población y de actividad económica, no disminuyeron en Mendoza, sino todo lo contrario, lo que demuestra que la Promoción o afecta para nada su camino de progreso y bienestar de sus habitantes”.
Las provincias en defensa
Luego de las presentaciones de la provincia de Mendoza contra el decreto 699 llegó una embestida legal en defensa de la iniciativa que daba la promoción al empleo.
De esta forma llegó la acción declarativa del juez federal de La Rioja y de San Juan que confirmaban la continuidad y la legalidad del decreto firmado por Cristina Fernández de Kirchner el 20 de abril.
De ese modo se dejaba sin efecto la medida cautelar del doctor Héctor Acostas de San Rafael que suspendía el decreto presidencial.
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