Centenario > Después de casi once años de proceso judicial, el ex intendente Luis Castillo y diez de sus funcionarios que lo acompañaban en 2002 fueron absueltos ayer por la Cámara Criminal Primera.

Los jueces Mario Rodríguez y los subrogantes Marcelo Benavides y Darío Borbón señalaron la prescripción de la causa (secuela de juicio) debido a la cantidad de tiempo transcurrido desde la denuncia por “peculado” (hurtar bienes del Estado con la particularidad de que el sujeto es funcionario público) en el municipio de Centenario.

Además, algunos hechos imputados por la Fiscalía no pudieron comprobarse, según la decisión de los magistrados, a pesar de la extensa causa de más de 5.700 páginas y 19 cuerpos, en una investigación con alrededor de 90 testigos, documentación y escuchas telefónicas.

A pesar de que testigos y beneficiarios de planes sociales aseguraron no haber cobrado los beneficiarios (muchos se cayeron por no recordar o fallecimiento) y tampoco haber reconocido las firmas en los expedientes, los jueces entendieron que no pudo comprobarse el dolo en estas acciones.

Tampoco se pudo comprobar el destino del dinero “desviado” por las adulteraciones de cajas chicas, rendiciones y empresas que facturaban por servicios no prestados, según el informe de la fiscal de Cámara, María Dolores Finochietti.

Castillo, a quien la fiscal había pedido la pena mínima de 5 años por este delito en forma continuada fue absuelto, al igual que el ex secretario de Hacienda, Roberto Contreras. Patricia Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretaria de Gobierno, fue acusada con una pena de 4 años de prisión efectiva, pero también fue absuelta.

El resto de los funcionarios, Carlos Iribarren (Jefe de Servicios Públicos), Néstor Larrazábal (Jefe de Compras), Mario Rechioni y Elvira Ascolese (ambos en Desarrollo Social) fueron absueltos a pesar de la pena pedida de tres años de prisión en suspenso.

A Manuel Gómez, Gonzalo Sandoval y Oscar Mendoza, quienes tenían empresas de servicios, se les había solicitado dos años de prisión en suspenso. Sólo el ex director de Producción, Emilio Cimolai, fue absuelto antes de la sentencia ya que la fiscal no pudo acreditar los hechos denunciados en su contra.

Respecto a Héctor “Zapallito” Molina, el ex puntero del MPN acusado de haberse beneficiado del Estado y una de las cabezas visibles en los cortes de ruta- se le dictó la suspensión del juicio a prueba antes del debate.

“Molina era un personaje de temer, también le temían los funcionarios”, aseguró el abogado Alfredo Ferreira, defensor de Castillo (asumió como defensor oficial tras la renuncia de Ricardo Cancela).

Los jueces entendieron que a través de las pericias contables, el descalabro en el municipio se debió en un “contexto de emergencia económica”, tras la salida de la convertibilidad y encuadró los hechos como “una falta administrativa”. Se hizo hincapié en el corralito bancario, el atraso de pagos, y los saqueos, un contexto que habría influido en las “desprolijidades” administrativas.

Ni Castillo ni los funcionarios más cercanos presenciaron la lectura de la sentencia de ayer. El ex jefe comunal negó todos los hechos y no reconoció su voz en las escuchas telefónicas en las que autorizaba la carga de combustible a Molina o la compra de chapas a un ex comisario de la ciudad.