Los que ingresaron al canje apelarán la decisión de Griesa. Economía apuesta a la presión internacional y se abre un debate político por especulación.
Por Patricia Valli
En la antesala de la apelación argentina a la decisión del juez Thomas Griesa, que obligaría a pagarle en efectivo US$ 1.330 millones a los fondos buitre, la caída de los bonos en el mercado fue menor a la esperada por una combinación de feriados en Buenos Aires y Wall Street.
No obstante, las pérdidas volvieron a repetir bajas de hasta el 5 por ciento y afectan las tenencias de los bonistas que ingresaron al canje y al propio Estado nacional que acopia títulos públicos en las arcas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
Entre las presentaciones que acompañarán a la Argentina desde el lunes, los abogados del fondo Gramercy, que representan a parte de los bonistas que entraron en el canje, anticiparon que están preparando una “apelación inminente y una suspensión de la decisión” para poder presentarse ante la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Manhattan, según Sean O’Shea, abogado del fondo que representa a bonistas con más de US$ 1.000 millones en títulos argentinos.
En lo que va del mes, las idas y vueltas con el fondo buitre NML en el despacho de Griesa ya se cobraron el 13% de los títulos emitidos bajo ley de Nueva York y se prevé que si se mantiene la incertidumbre los bonistas saldrán a tomar ganancias. “Se esperaba una caída mayor pero no se dio por la rueda corta en Wall Street y porque pesó también el fin de semana largo” en la Argentina, analizó Sabrina Corujo de Portfolio Personal.
Según los analistas internacionales, el riesgo de que la Argentina podría caer en default técnico a partir del 15 de diciembre llevó a los inversores a buscar una salida. Mientras tanto, el Gobierno intenta revertir el fallo y pone las fichas en un apoyo de entidades internacionales que incluye un nuevo espaldarazo de tenedores de deuda reestructurada pero también los organismos que intervienen en la plaza neoyorquina y en el sistema financiero internacional, como la Reserva Federal de Estados Unidos.
Para esto, además de la FED, del Bank of New York y los depositarios que ya apoyaron la posición argentina en el descargo frente a Griesa, Economía apunta a sumar voluntades desde los organismos reguladores como la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y sus pares de las principales plazas europeas y operadores como Euroclear.
Los títulos públicos seguirán operando con volatilidad en las próximas semanas a la espera del resultado de la apelación que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, prometió presentar el lunes.
“Desde el punto de vista estrictamente legal el país estaría en este momento en una situación delicada. Pero desde el punto de vista político, la situación podría ser bastante más favorable de lo que se ve legalmente”, analizó la consultora Research for Traders, que estima que es “ilógico pensar que el 7% de los acreedores de un país, puede hacer caer una reestructuración aceptada por la inmensa mayoría”.
En ese sentido, los analistas consideraron que “si Argentina buscara (y lograra) que la Justicia de EE.UU. fallara respecto al 7% de holdouts, no sólo solucionarían el problema del default de una vez por todas, sino que lograrían algo impensado: terminarían con el negocio de los fondos buitre para siempre”.
“En un contrato de emisión de bonos cualquier cambio que se hiciera en las condiciones pactadas puede ser considerado por el tenedor del bono como una situación de default técnico”, explicó el diputado y ex banquero Carlos Heller.
En caso de que el cambio de reglas afecte a los bonistas que aceptaron los nuevos títulos con una quita del 66,3% sobre sus tenencias en default, esto también dispararía reclamos por arriba de US$ 10 mil millones.



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