Como se informó en ediciones pasadas, en la semana que pasó desfilaron por la Justicia –más precisamente por la DDI local- concejales de distintos bloques opositores al lunghismo por la causa iniciada a partir de la denuncia de Jorge Cuenca, sobre las presuntas anomalías en el control de la concesión del circo de carreras.

Uno de los ex ediles citados como testigo en la causa que investiga presuntos incumplimientos de los deberes de los funcionarios que debían controlar el Hipódromo, fue Juan Roque Castelnuovo, quien expuso a este Diario los principales lineamientos de lo que resultó su exposición frente a la Justicia.

El ex edil relató que fue uno de los pocos que no votó el contrato de concesión de la Municipalidad con Vistas Serranas SA, por la falta de objeto social de la firma -dedicada a la construcción y no a la explotación de carreras de caballos-, sobre todo por contener varias cláusulas que obligaban a la empresa en modo potencial, por haber declarado una inversión sobrevaluada y porque las firmas de los responsables de la empresa no tenían aclaración, entre otros aspectos.

Castelnuovo añadió que a esto se sumó la falta de inventario al formalizarse la entrega del circo de carreras, no obstante que había bienes muebles del Municipio, cuya restitución a nadie podrán ser reclamados en el futuro.

Además, detalló el ex concejal la controversia por establecer un canon fijo -7.000 pesos mensuales por diez años- a favor de la Municipalidad, o el 3% de las apuestas si este importe resultara mayor. Con el agregado que una “suma similar en concepto de subsidio de Lotería y Casinos cobraba el concesionario, suma ésta que hoy supera los 500.000 pesos mensuales, que se pagan por trimestre adelantado, que no entran y salen de la caja municipal como debería ser, sino que van derecho al bolsillo del concesionario en quien la comuna ha tercerizado la concesión otorgada por el ente provincial”.

“De ese importe –siguió-, el 60 % debe destinarse a premios y el 40% a infraestructura y desarrollo comercial, cuyo cumplimiento tampoco nadie controla”.

Yo no lo voté

Según Castelnuovo, aprobada la concesión por mayoría “los hechos me dieron la razón. Por eso, comencé denunciando la estafa a la fe pública que, tal como ocurrió con la promesa del Intendente de mil puestos de trabajo, significó invocar el nombre del Hospital Ramón Santamarina en oportunidad de la reinauguración del Hipódromo, con la promesa incumplida de beneficiar al nosocomio con el 15% de las entradas”.

Acotó el radical no lunghista que “ante reiterados reclamos, varios meses después Vistas Serranas depositó en ese concepto la suma irrisoria de 1.400 pesos. Nadie hizo el control y tampoco nadie reclamó nada”.

Asimismo, Castalnuovo confió en que ratificó otras denuncias que hizo con posterioridad, por incumplimiento de contrato: “Como la falta de efectivización del plan de inversiones, la inexistencia de un servicio veterinario y un centro de control antidoping, de construcción parcial de la empalizada circundante a la pista, de la cerca perimetral de todo el predio, como así también la realización de carreras concertadas no oficiales que escapaban a todo control, la inexistencia de un totalizador de apuestas dirigido y controlado por un centro de cómputos, la carencia de un hotel de tránsito, de un comedor infantil, de un jardín maternal, sala de primeros auxilios y atención primaria de la salud, etc., para lo que se había comprometido la concesionaria”.

A las que fueron agregándose, según afirmó el ex concejal: “Anormalidades en el pago del canon mensual, falta de contabilización de las apuestas, la no actualización de la póliza de seguros para casos de incendio, responsabilidad civil, daños, incapacidad y muerte de algún espectador, inclusive”.

Pedidos de informe

Respondiendo a una de las preguntas que le formularon, dejó constancia también de que oportunamente hizo un pedido de informes al Departamento Ejecutivo, que nunca fue contestado.

“Ello dio motivo a que, por considerarlo inexplicable, me viera en la necesidad de dirigirme al Intendente mediante telegrama colacionado urgiendo una respuesta, la que llegó bastante tiempo después, admitiendo sólo el atraso en el pago del canon, con la aclaración de que por ello se percibían intereses, que nunca se supo si ingresaron o no a las arcas comunales”.

Por todo lo expuesto, finalizó reiterando su opinión, hecha pública oportunamente, en el sentido de que “el descontrol inconcebible de la concesión por parte de la Municipalidad, implica no sólo una falta grave a los deberes que les competen a los funcionarios, claramente penada por la ley, sino que da lugar también a la suspicacia inevitable, sobre todo, por estar en juego los intereses del pueblo”.