Carlos Castellano comenzó hablando de la venta del predio Viejo Hospital Municipal ante las declaraciones del dirigente peronista Sebastián Galmarini que cuestionó el proceso: “Se autorizó la venta en el Concejo Deliberante, se llevó adelante el proceso licitatorio que fijan las leyes provinciales y la ley orgánica municipal a través de una subasta pública. Además la ley obliga que uno pida valuaciones al Banco Provincia y a distintos organismos, nosotros en ese momento solicitamos cotizaciones oficiales al Colegio de Martilleros. En la licitación concursaron cuatro empresas y terminó ganando una, había un plazo de treinta días para suscribir boleto, de hecho se suscribió generando derechos y obligaciones entre las partes. Posteriormente un grupo de activistas sociales y políticos inician un recurso de amparo, eso fue dilatando la posibilidad de hacer la escrituración y no es culpa del municipio haber pretendido hacer una operación inmobiliaria en 2003 donde la relación peso dólar era aproximadamente de uno a tres, a tener que escriturar el año pasado con el dólar a cuatro pesos con sesenta”.

En tal sentido señaló que “lamentablemente los principales responsables de esta demora y de haber perjudicado el erario municipal, estas agrupaciones conformadas por activistas de partidos políticos, ahora quieren colocarse en fiscales y no se hacen cargo de su propia responsabilidad”.

Por otro lado se refirió a la restitución en su cargo del Juez de Garantías Rafael Sal Lari: “Lo vivimos con decepción. Si bien uno percibía que había habido una obstrucción permanente por parte del algún sector de la justicia y de algún sector político vinculado al oficialismo buscando que no prospere la posibilidad de abrir el juicio político, uno tenía la esperanza de que se le permita a las asociaciones que representan a víctimas de la inseguridad que se tomen en cuenta sus denuncias”, dijo.

No obstante subrayó que “lo bueno es la expresión social, el mensaje que se le da a algunos sectores de la justicia de que San Isidro es una comunidad proactiva respecto de defender sus derechos. Este juez dejó libre a delincuentes que habían sido detenidos con armas de guerra, balas con punta hueca, tipos con antecedentes penales que se los dejó libres con la excusa de que cometieron delitos menores perfectamente excarcelables. Esos mismo delincuentes cinco meses después matan al Ingeniero Regis un vecino de Beccar, casi matan a la hija, Carla que fue una de las que presentó la denuncia de juicio político. Vemos que hubo una defensa corporativa de Sal Lari, de un sector de la justicia que además de magistrados hay que incluir a algunos sectores profesionales de abogados que ejercen el derecho penal que sin duda tienen una visión totalmente permisiva respecto del delito”.

Sobre el trabajo en materia seguridad que está llevando adelante el Municipio dijo que “lo hacemos con mucho esfuerzo, a partir del año 2000 comenzamos con acciones directas porque vimos que la situación se agravaba y el vecino no le demanda a la Nación sino al Estado más cercano que es el Municipio. A partir de ahí creamos el Programa de Cuidados Comunitarios, hoy el Municipio cuenta con un patrullaje de prevención para lo cual hay más de 120 móviles circulando. Hacemos un esfuerzo importante con una gran inversión en la instalación de monitoreo por cámaras que ayuda a detectar situaciones de conflicto y también en la investigación de delitos”.

Por último se refirió a la delicada situación económica de Provincia y Nación que afecta de lleno a los Municipios: “Ya arrancamos el año con una reducción de veinte millones de pesos de un fondo que se redistribuía en los Municipios. Ahora estamos sumamente preocupados por la quita del subsidio por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. Nosotros reclamamos que deje sin efecto esta disposición”, remarcó.

“San Isidro autorizó al Departamento Ejecutivo a aumentar las tasas en aproximadamente un 15%, estimando que la inflación va a estar rondando el 25%. La Secretaría de Energía estableció que todo municipio que aumente las tasas en la misma proporción se le quita el subsidio de luz que el municipio no lo utiliza para fines particulares, sino para prestar servicios públicos. Es un despropósito, se busca desfinanciar a los municipios y logar mediante este mecanismo perverso que el Estado Nacional pueda domesticarlos”, concluyó Castellano.