El fallo dictaminado por la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán mediante el cual se concedió la absolución a los 13 imputados en el caso Marita Verón, continúa generando repercusiones que se sustancian en los motivos que llevaron a los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano a adoptar tal resolución que conmovió al país y generó un sacudón político significativo en las filas alperovistas.

En tal sentido, mientras desde algunos sectores se indica que resta por analizar los fundamentos de la sentencia parta determinar la responsabilidad de los magistrados al momento de su accionar, al mismo tiempo se cargan las tintas en la efectividad del proceso de instrucción de pruebas a lo largo de 10 años que, ante las posibles falencias registradas en el mismo, fue la base para no encontrar culpables del resonante suceso.

Además, persisten los cuestionamientos a la política de seguridad concretada por parte del Gobierno provincial que habrían promovido el polémico desenlace del caso, sin dejar de lado aquellas acusaciones que señalan la complicidad del sistema político con la red de trata de personas que se abate tanto a nivel local, como nacional.

Al respecto, el legislador por la Democracia Cristiana, José Páez, indicó que el fallo en cuestión "desnudó las profundas falencias en la investigación policial, que constituyen una muestra de la falta de capacidad de la policía de prevención en la tarea auxiliar de la justicia en la investigación, en este caso de un delito tan grave que tiene relación con la trata de personas".

A su vez, señaló que el rechazo del oficialismo justicialista de aprobar una policía judicial con rango constitucional, como así también no implementar la carrera judicial, conspiraron con la eficacia y eficiencia de la justicia penal, cualidades que marcan experiencia en la materia, aduce Páez, si se toman como ejemplos a otros países e incluso otras provincias.

"Lo sucedido también demuestra el fracaso de la política de seguridad pública del gobierno de Alperovich, que tozudamente mantenía a un Ministro de Seguridad (López Herrera), cuya inacción y falta de conducción de la Policía era evidente", remarcó el parlamentario. En esta línea, estimó que el cambio de un ministro no resulta suficiente, por lo que precisó la necesidad de avanzar en el diseño de un plan de seguridad pública consensuado por todos los sectores políticos y sociales.

"Lo que resulta contradictorio y preocupante es que el gobierno nacional, corresponsable en materia de seguridad pública, pretenda sacar provecho de una situación a la que contribuyó a crear y difunda una extraña propuesta de democratización del Poder Judicial. Cuando asistimos recientemente con preocupación a los múltiples ataques que el PEN infringió a la justicia nacional, lo que hace presumir que pretende que se designen jueces adeptos a la política oficial, y a la circunstancia que el llamado a sesiones extraordinarias del congreso tiene por objeto el tratamiento de la legislación sobre la trata de personas que el mismo oficialismo tenia congeladas", concluyó el referente de la DC en la Cámara.

Por su parte, desde el socialismo, Rodolfo Succar (Secretario de Finanzas de la Mesa Nacional del partido) sentenció que "un Estado que desde hace tiempo posee una policía precaria en su existencia y su misión, con grandes nichos de corrupción en su interior que conviven con la mafia y sucesivos gobiernos que han hecho del Poder Judicial coto de caza para sus ambiciones, ha derivado que el caso Marita Verón terminara como ha terminado en esta instancia. Antes, lo de Paulina Lebbos fue también una demostración de la degradación existente en nuestra provincia, alentada muchas veces por dirigentes políticos sin escrúpulos", lanzó.

Abocándose al proceso judicial en sí y al esquema delictual que se investigó, la agrupación ANDHES manifestó su más enérgico repudio a la absolución determinada por los jueces, por lo que se consideró que "dejó en evidencia el marco de impunidad estatal que permite el funcionamiento del complejo entramado de las redes de trata de personas en la provincia y el país".

La entidad sostuvo también que "la explotación sexual opera sobre la base de una distribución desigual del poder en nuestra sociedad en estructuras delictivas organizadas, que actúan en forma concertada, convirtiendo a la actividad criminal en una estructura sistemática y sustentable, es decir 'industrializando' una actividad criminal organizada".

Seguidamente, la titular de la institución, Josefina Doz Costa, adujo que "nuestro sistema penal no fue creado, y sigue demostrando no estar preparado para juzgar este tipo de delitos, en los cuales el poder político y económico lleva adelante toda maniobra a su alcance para garantizar la impunidad".

Finalmente, el abogado de organismos de derechos humanos, Hugo Vaca Narvaja precisó que "el caso Verón resulta paradigmático respecto de muchas otras sentencias que directamente desafían el principio constitucional que ordena afianzar la justicia". En torno al pedido de democratización judicial lanzado por la presidenta Cristina Kirchner, el abogado, indicó que "hay que ver quién tiene el control de constitucionalidad de las leyes, porque actualmente está en manos de jueces que poco apego tienen por respetarlas", dijo.