El abogado Sergio Heredia, contratado por la familia salteña Solano como querellante en la causa de la desaparición del joven Daniel en Choele Choel, el pasado 5 de noviembre, reveló ayer que “fue removido el comisario de Choele Choel, Gustavo Pérez, que había sido nombrado hacía diez días”.
Heredia señaló que seis de los policías imputados que fueron llamados a indagatoria no concurrieron presentando certificados por parte de un psiquiatra, puntualizando que “es una metodología de impunidad, tendiente a que la causa duerma”.
Indicó que los certificados fueron emitidos por 30 ó 60 días, cinco de ellos por el mismo psiquiatra, ironizando que “si usted tiene seis policías con certificados psiquiátrico, hay que preguntarse si estos policías estaban en condiciones de ser policías, de andar con armas”.
Dijo a la agencia APP que “estamos satisfechos” por el compromiso de los gobiernos provincial y nacional para el esclarecimiento de la causa, destacando especialmente al gobernador Alberto Weretilneck y al legislador Ricardo Arroyo.
Expresó que “surgen cada día nuevos elementos que hacen que ésta sea una historia macabra; se acredita cada día más que Solano fue muerto por un reclamo laboral y por eso se utilizó un equipo parapolicial para sacarlo del boliche, pegarle una paliza y lamentablemente matarlo; policías actuando al margen de la ley al servicio de la empresa Agro Cosecha”.
Reveló que Agro Cosecha no sólo estafaba trabajadores sino a la propia Expofrut que la contrataba.
Reiteró, como señaló en una entrevista con la agencia APP tiempo atrás, que ahora se está desarmando “un triple encubrimiento judicial, policial y empresarial”.
Recordó a la jueza Marisa Bosco, “que encubrió el asesinato y tendría que estar presa”.
Mencionó a la agencia APP que “el policía que se llevó a Solano es aquel que después comandaba la investigación por orden de la justicia”.
Reveló que “hemos acreditado que el comisario Raúl Aramendi, que es el que llevaba el sumario, era un íntimo amigo de la empresa” Agro Cosecha.
Informó que por eso primero se acordó con el gobernador Weretilneck que fueran traslados los policías involucrados y ahora “ya están separados de sus funciones”.
Expresó que ahora está el respaldo político, el respaldo pleno del Estado, al juez y al fiscal para que avance la causa.
Informó además que la fiesta donde desapareció Solano, en el boliche Macuba, “fue organizada por un establecimiento terciario; si usted toma la responsabilidad de organizar tiene que controlar la seguridad; la secretaria de ese establecimiento viene cuando golpearon a Solano en la puerta y nunca dijo nada, la tuvimos que llamar a declarar nosotros”.
Indicó que le comunicó al ministro de Educación, Marcelo Mango, “que esa gente tiene que ser sumariada y tiene que sacar una resolución donde se prohíba que un instituto del Estado organice fiestas en los boliches, y si no lo hace el ministro lo tiene que hacer el Concejo Deliberante de Choele Choel”.
Recordó a la agencia APP que Solano junto a un grupo de “compañeros de una comunidad guaraní de Tartagal que se llama Cherenta, son traídos como turistas para ser explotados laboralmente por la empresa Agro Cosecha, hacinados en gamelas, explotados y custodiados en ese momento por el grupo policial BORA que fue disuelto por el fallecido gobernador Carlos Soria, y donde son maltratados, golpeados, etc.”.
Agregó que “descubrimos que todo el grupo de trabajo de Solano fue estafado ese mes; Solano en ese momento desaparece cobrando 800 pesos, hoy los mismos trabajadores cobran 3 mil, nos preguntamos qué paso para que Solano cobrara 800 y ahora cobren 3 mil pesos”.
Explicó que Daniel Solano además “era un jefe, un líder de su grupo, y por eso el jueves anterior a la desaparición la empresa le ofrece ser capataz, lo tratan de cooptar, y él dice que no, entonces Solano es entregado por compañeros, por eso imputamos a 34 personas”.
Enfatizó a la agencia APP que la empresa tenía “íntima vinculación con la policía, les pagaba adicionales y otros negocios que estamos sospechando; qué casualidad que todos los policías cambiaron el auto después de la desaparición de Solano”.
Aseveró que “la doctora Marisa Bosco es la que encubrió esto, está sometida a juicio político, el cuñado de la doctora trabajaba para la empresa Agro Cosecha, la hija del Secretario de Trabajo de Lamarque también trabajaba en Agro Cosecha”. Informó que esa delegación de Trabajo no tiene un solo sumario contra esa firma.
Descubrió que la empresa Agro Cosecha, que era contratada como empresa tercerizada por Expofrut, “no sólo estafaba a los trabajadores también estafaba a a la propia Expofrut, ya que le pedían 400 trabajadores, llevaba 300 que los hacían trabajar como si fueran 400, y le cobran así por cien que no trabajan”.
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