Tanto los abogados querellantes del juicio de barrio Ituzaingó Anexo como las organizaciones sociales y ambientales que estuvieron apoyando a las vecinas consideraron que este precedente judicial puede impulsar modificaciones en leyes nacionales y provinciales.
Incluso, la Fiscalía consideró necesaria la sanción de una Ley Nacional de Agroquímicos y pidió que el Senasa reclasifique los productos toxicológicos.
“Muy probablemente en la sentencia haya una recomendación para que se sancionen este tipo de leyes en la Provincia y la Nación”, dijo el abogado Miguel Martínez en relación a los fundamentos del fallo que la Cámara dará a conocer el próximo 4 de septiembre.
Y agregó: “Creo que esto que era un pedido de los Médicos de Pueblos Fumigados ya deja de ser de una organización sino que es un pedido hecho por el Ministerio Público y la Cámara ha dicho que lo va a incluir en la sentencia”.
Al respecto, el abogado Dario Ávila sostuvo: “Evidentemente los gobiernos provinciales ,que son los que regulan en productos agroquímicos, van a tener que adoptar alguna decisión y una política de modificación de estas leyes porque ha quedado demostrado en el juicio que esto de permitir fumigar con productos supuestamente menos peligrosos cerca de la población no se puede seguir permitiendo”.
Además, Ávila destacó que durante el juicio del barrio Ituzaingó se demostró que la temperatura y la deriva por vientos vuelven incontrolable la fumigación y se evidenció el modo en que esta actividad está afectando la salud de los pobladores.
En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien también se hizo presente en Tribunales II de Córdoba, expresó que el proceso protagonizado por los vecinos de Ituzaingó provocará que “representantes de la sociedad empiecen a diseñar mejores legislaciones para poder regular mejor estas circunstancias o al menos aplicar un criterio mucho más restrictivo en lo que hace a la determinación de responsabilidad”.
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