La muerte de la adolescente se produjo en marzo del año 2004, en el Hospital Militar. El expediente judicial fue de un lado para el otro. Hubo algunos situaciones por lo menos extrañas. Seis médicos militares quedaron exculpados.
Los dos profesionales médicos acusados se sentarán en el banquillo, a raíz de la determinación de los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, que rechazaron un nuevo planteo de los procesados (pretendían la aplicación de la probation) como capítulo final -hasta ahora- de una historia en la que hubo manejos extraños y una sensación que parecía conducir a la impunidad, incluyendo el hecho de que los 6 médicos militares imputados en un principio fueran finalmente apartados de la causa.
El caso
A Cintia Pamela Funes le diagnosticaron una enfermedad que destruía las plaquetas de la sangre. Tal como ha informado El Diario, hace ocho años y medio la llevaron al Hospital Militar. Durante ocho días la mantuvieron sin medicación y eso le provocó una descompensación y un coma irreversible. Falleció el 1º de marzo de 2004, luego de once días conectada a un respirador.
Los médicos que la atendieron fueron denunciados por la madre de la joven por homicidio culposo. La Justicia tardó dos años tardó en la Justicia en indagar a uno de los profesionales. Fueron procesados ocho médicos. Pero luego absolvieron a los seis médicos militares y quedaron acusados el hematólogo Miguel José Antonio Alcón Álvarez y la jefa de Hematología, la médica María Isabel Santos. Ellos dos son los que irán a jucio, tras la decisión de la Cámara.
En realidad el juicio ya tuvo una fecha, pero después quedó en la nada: se postergó porque los imputados pidieron la probation.
Tras esa presentación hubo varias idas y venidas: Claudia del Valle y su abogado se opusieron y el Tribunal Nº 7 a cargo de Daniel Morín rechazó el pedido. Después Casación anuló ese fallo y pasó el pedido de probation al Tribunal Nº 3 para que vuelva a analizar la cuestión, que finalmente volvió a rechazar.
Los profesionales siguen ejerciendo en el Hospital Militar, el Gutiérrez y el San Cayetano. Alcón Alvarez da clases en la Universidad de Buenos Aires.
Decisión judicial
La probation que pretendían los profesionales acusados hacía base en un resarcimiento económico de 20 mil pesos más 36 cuotas de 1.000 pesos cada una. Los jueces consideraron que se trató de una oferta absurda: “Ni se acerca a cierto grado de razonabilidad”.
También propusieron dictar clases y hacer una capacitación, pero los magistrados recordaron en los fundamentos de su fallo que ese tipo de instrumentos, como la probation, se aplican no en beneficio de los acusados sino de la comunidad.
Señalaron también que el delito por el que aparecen acusados -homicidio culposo más la posibilidad de la inhabilitación profesional- hace que la decisión sea inapelable: es un hecho que habrá juicio.
Aunque data del mes de mayo, Claudia Del Valle se enteró de la resolución el 3 de setiembre: “fue el mejor regalo”, dijo, en referencia a que Pamela cumplía años el día anterior.
La definición de que habrá juicio generó alivio y satisfacción, porque todo parecía indicar que la prolongada lucha podía terminar en la nada: “nunca perdí la fe, pero hubo tantas cosas raras en la causa...”, dice la madre de la víctima.
Los jueces insistieron en que la realización del debate permitirá “descubrir la verdad histórica del hecho objeto del proceso y obtener una sentencia judical que permita dilucidar la eventual responsabilidad”.
El juez Hornos consideró que es “un caso en el que existe especial interés del estado en esclarecer la responsabilidad de los encausados”.
Los magistrados le dieron especial consideración a los dichos de la madre en sede judicial. Recordó el maltrato por parte de los médicos, que le decían a Pamela que tenía “dolores de cabeza porque tenía que aguantar a una madre como yo”.
Durante varios días, y pese a los pedidos incluso de la familia, los profesionales no le hicieron análisis de sangre. La madre no dejó de repetir que su hija “entró caminando al hospital y los imputados la mataron”.
Hubo de parte de los jueces otro reproche a los médicos, porque no se “autoinhabilitaron”: desde que ocurrió el hecho siguieron ejerciendo como si nada, durante todo el tiempo, sin ser sometidos siquiera a un sumario para determinar cómo fue su actuación.
La madre de Pamela recordó que durante este tiempo, contó con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Rubén Funes, y el diputado y ex intendente de Ataliva Roca, Martín Borthiry.
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