El juicio oral por el secuestro de Marita Verón está destinado a cruzar las fronteras del acto puramente jurídico. El miércoles se puso en marcha un proceso que promete ser engorroso, largo, peliagudo para el Tribunal que lleva adelante las audiencias a casi 10 años de la desaparición de Marita.

Los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Páez de la Torre y Eduardo Romero Lazcano, de la Sala II de la Cámara Penal tienen en sus manos una causa en la cual se encuentran imputadas 13 personas. Llegó a ellos luego de una larga investigación, impulsada en gran parte por la incansable Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida, y de un grupo de abogados, pero a lo largo de una década son numerosos los baches que se deben tapar.

La causa tiene una inmensa repercusión mediática. Cabe recordar que Susana Trimarco fue recibida por el gobernador José Alperovich y también supo tener abiertas las puertas de la mismísima Casa Rosada, donde se entrevistó con Aníbal Fernández, ex Jefe de Gabinete. En ambos encuentros, como así también cuando visitó Washington para ser distinguida por su batalla contra la trata de personas, expuso claramente que delitos de semejante naturaleza serían imposibles de perdurar en el tiempo, sin el apoyo de determinados sectores políticos y especialmente, policiales.

Y justamente este es uno de los puntos principales que se hace necesario dilucidar con claridad para terminar con el rapto y sometimiento a la esclavitud de cientos de mujeres. Terminar con las redes de protección, es una obligación de los tres poderes del Estado, ¿cómo es posible que ninguna fuerza policial se haya enterado en los últimos 10 años del paradero de Marita? Resulta inconcebible e inquietante para toda la sociedad.

La propia Susana Trimarco denunció con todas las letras el nombre y la dirección de los prostíbulos que funcionan en San Miguel de Tucumán. Hubo algunos allanamientos, los locales se cerraron por un tiempo hasta tanto bajó la espuma y luego, volvieron a abrir reciclados en “hoteles” o “bares”. Adentro las mujeres siguen ejerciendo el oficio más viejo del mundo, muchos aseguran que lo hacen por voluntad propia, pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta que pasa adentro de esas paredes tenebrosas. O tal vez, no quieren saberlo.

Los prostíbulos están en los mismos puntos y funcionan desde hace décadas en la ciudad de San Miguel de Tucumán y muy cerca de la casa de Marita. Quien lo niegue miente o es un hipócrita consumado. Ahora, el juicio por “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con promoción de la prostitución", puso a toda la sociedad frente al televisor. Como ocurrió con el caso María Soledad, en Catamarca. Las audiencias se transmite en vivo a través de Canal 10 y no son pocos los que se horrorizan con las cuestiones que salen a la luz, aunque en realidad son pocos los que las desconocían.

A los 13 imputados no se los juzga por la Ley 26.364, que pena la trata de personas y establece pautas para la prevención de ese delito y la asistencia a las víctimas, porque fue sancionada en 2008, seis años después de la desaparición de la joven, y en gran parte justamente por el caso de Marita. De esta manera, los legisladores intentaron ponerse a tono con las demandas de los especialistas para combatir uno de los crímenes más aberrantes, equiparables a someter a un ser humano a un estado de esclavitud.

La sanción de esta Ley fue necesaria, pero no suficiente. Por delante quedan desafíos enormes, de los cuales tal vez el más urgente sea la connivencia policial o política con los surtidos negocios que tienen su reino durante la noche. Durante el juicio seguramente se escucharán testimonios que convalidan lo que es una verdad revelada y que nadie puede –o se atreve- a combatir.

Probablemente también, en un futuro no tan lejano, se disparen debates imprescindibles bajo la misma lógica de terminar con estos delitos aberrantes.